Quito, 15 dic (La Calle).- La fiscal general del Estado, Diana Salazar lo dijo todo. Realizó un detallado viaje por las 15.000 fojas de chats encontrados en el celular de Leandro Norero, narcotraficante asesinado en la cárcel de Latacunga el 3 de octubre de 2022. Más de una treintena de personas se relacionan a una presunta red de delincuencia organizada que beneficiaba a Norero.
La fiscal se lució. Una elocuencia que no habíamos visto desde el caso Sobornos. Una gran explicación que esperábamos en el caso Gran Padrino, pero que hasta ahora no se ha visto. No deja de ser curioso que en plena pugna por el concurso de jueces entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela y el presidente de la Judicatura, Wilman Terán se detenga a este último y 29 personas más.
Metástasis, es una fase del cáncer cuando éste ya se ha diseminado por otras partes del cuerpo y el paciente entra en fase terminal. La analogía responde – por supuesto – a las relaciones entre el narcotráfico y la institucionalidad que se habría diseminado en varios espacios del Estado.
La audiencia
La audiencia empezó a las 16:00. Escribo estas líneas a las 02:39 am del 15 de diciembre y el alegato de Fiscalía continúa. Hasta las 22:00, la discusión versaba si la detención para una audiencia de formulación de cargos era legítima o no. El juez Felipe Córdoba estimó que la audiencia era legal.
Aunque le dio una hora a la fiscal, Salazar ya ha hablado más de cuatro. En su densa explicación expresó que funcionarios judiciales – entre los que estaba Terán – policiales, de Fiscalía, personal del SNAI, abogados y particulares tenían relación con Norero y lo ayudaban con sus procesos penales y su estadía en prisión a cambio de favores económicos.
Los chats de Norero son como túneles. Nos llevan a varios hechos. La fiscal explica que el cometimiento de ciertos delitos en Manta se hacían con el conocimiento del acalde Agustín Intriago (+). Algunas conversaciones muestran que Norero ordenó el asesinato del abogado Harrison Salcedo por nombrar a «su madre» y que también sería el autor intelectual del periodista de Manta, Gerardo Delgado.
También que vigilaban muy de cerca al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto pasado. A Norero, un agente policial presuntamente le vigilaba la casa. También lo habría visitado en Latacunga, el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, quien habría evitado que fuera a parar en ‘La Roca’.
Salazar solicitó para los 31 detenidos – entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura- prisión preventiva, la retención de sus cuentas y prohibición de enajenar bienes mientras dure la instrucción fiscal, es decir 90 días. El pago de la multa al Estado se revisará durante la instrucción. Para Ronald G. se pide arresto domiciliario al ser mayor de 65 años. Si bien el magistrado otorgó 20 minutos a los abogados defensores, él tendrá la última palabra. (MIB)
