Quito, 4 jul (La Calle).- Roque Sevilla, exconsejero ‘ad honorem’ de Guillermo Lasso, se habría beneficiado del presunto negociado en la privatización de las Islas Galápagos.
Tras el acuerdo, en junio de 2023, con el banco suizo Credite Suisse para proteger el archipiélago y apaciguar la deuda externa, el Gobierno Nacional realizó el canje de un porcentaje del pago de los intereses de la deuda externa, alrededor de USD 1.628 millones, por bonos azules de USD 656 millones.
De este trato, el Estado se «ahorra» USD 1.126 millones y tendrá que destinar más de USD 300 millones en un fideicomiso de ”Galápagos Life Fund” (GLF), una corporación constituida en Estados Unidos.
He aquí el problema. Una investigación de Hoja de Ruta reveló que uno de los miembros del directorio de GLF es la Cámara de Turismo de Galápagos. El presidente de esa organización es Eduardo Brito, mano derecha del empresario Roque Sevilla.
El medio digital sostiene que Brito fue gerente administrativo de Metropolitan Turing C.A. y el exalcalde de Quito fue presidente de la empresa y toda su familia Sevilla está metida en el negocio. Brito sería la conexión directa entre el gremio turístico y Metropolitan Turing.
Además, dentro de esta empresa hay un supuesto socio más: fideicomiso de administración SACOPO, el cual es socio accionista de seis empresas más: Hotel Mashpi y el Hotel Casa Gangotena. Este último integrante del directorio de GLF y a su vez a Roque Sevilla.
María de los Ángeles Mantilla Cabeza de Vaca es dueña de SACOPO y hermana del socio fundador del fideicomiso de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Gonzalo Mantilla Cabeza de Vaca.
El GLF está conformado por 11 miembros responsables de la gestión de fondos, en este directorio solo se encuentran cinco representantes ecuatorianos, pero estos solo tienen voz, no voto, es decir, los nacionales no pueden hacer nada ni tocar nada. Los otros seis miembros son de empresas internacionales que administran y definen toda actividad.
Es privatización, así de claro
Dicho fideicomiso operará en el archipiélago hasta el 2041. Según el economista Pablo Dávalos, esta negociación implicaría que GLF defina las políticas públicas, sobretodo de inversión, en Galápagos. Por ende, ellos se encargarían de la administración de las actividades comerciales como la pesca y el turismo.
Ahora el Gobierno ecuatoriano solo tiene cinco de once miembros en el directorio del GLF, es decir, un voto nulo en las decisiones. Además dijo que uno de los problemas es que no hay supervisión en el manejo del fideicomiso ya que si vigila a si mismo.
”Prácticamente es una privatización, es una entrega de soberanía y está prohibido por la Constitución y por todos los instrumentos internacionales.”
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