Quito, 6 dic (La Calle).- El movimiento Revolución Ciudadana (RC) respaldó y se solidarizó con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tras la sentencia de seis años de prisión contra la líder peronista.
La vicepresidenta de ese país fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
La RC señaló que la pena contra Fernández es un nuevo capítulo de persecución política. «Una sentencia que estaba previamente escrita y que lo único que busca es evitar su participación en las próximas elecciones presidenciales», reza el comunicado.
Además, agregaron que este es otro caso más de lawfare contra los movimientos progresistas de América Latina. Una estrategia que busca acabar con las ideas progresistas y restringir los derechos de participación política.
Rechazó la politización de la justicia, que ha sido masificada por los grandes medios de comunicación. Este problema solamente ha profundizado la polarización y el auge de la extrema derecha en la región. Advirtió que estas acciones son contraproducentes para la democracia y ejemplificó su paso en Ecuador, Colombia y Brasil.
El lawfare, traducido al español como guerra jurídica, es un término que explicael uso indebido de procedimientos legales para atacar a oponentes políticos. Una vez sembradas las argucias en el terreno del derecho con apariencias de legalidad, se utiliza a los medios de comunicación para influir en la opinión pública.
Es ganar una guerra política pasándola al ámbito jurídico-mediático con fines económicos, políticos o geopolíticos y engañando a la ciudadanía para anestesiarla contra la violación del debido proceso.
La sentencia contra Fernández
La justicia de ese país la declaró culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública por extracción de fondos del Estado durante los dos periodos en los que fue presidenta (2007-2011; 2011-2015). Según medios internacionales, Fernández habría desviado mil millones de dólares.
La Fiscalía acusó a la vicepresidenta como figura principal de un entramado de corrupción por asociación ilícita. Ella, junto a otros funcionarios, habría dirigido contratos millonarios de obras viales incompletas y con sobreprecios.
Sin embargo, pese a la condena, Fernández no irá a la cárcel porque cuenta con inmunidad debido a su cargo como vicepresidenta. Su dignidad la protege en ámbitos legales y civiles.
Por su parte, la vicepresidenta negó los cargos y enfatizó que se trata de una persecución política. Refirió que el caso «Vialidad» no tiene fundamentos y es pura persecución no solo contra ella, sino contra el proyecto político que integra.
Tras conocer la condena, la vicepresidenta negó los cargos, pero precisó que no se postulará a las próximas presidenciales, aunque con todo y sentencia no está impedida de hacerlo.
Esta es una condena histórica para Argentina. Nunca antes un vicepresidente en funciones había sido condenado por la justicia. Sobre todo de la dirigente más influyente de las últimas dos décadas en el país.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se pronunció a través de redes sociales. Expresó su respaldo hacia su vicepresidenta y apuntó que es inocente y que se utilizó a la justicia y a los medios de comunicación para condenarla.
