Por: Ronald Rodríguez
La ciudad de Quito, capital política del Ecuador, vuelve a colocarse en la línea de fuego de un debate que trasciende lo administrativo: la legitimidad del poder democrático frente a su constante desestabilización. Esta vez, el epicentro del conflicto gira en torno al proceso de revocatoria de mandato solicitado contra el alcalde metropolitano, Pabel Muñoz. Un procedimiento que, si bien está contemplado en la Constitución como un derecho ciudadano, también se ha transformado —en contextos marcadamente polarizados— en un recurso de confrontación política.
A menos de tres años de iniciada su gestión, el alcalde enfrenta una embestida jurídica promovida por sectores opositores que, con base en argumentos relacionados con el deterioro del espacio público, la ineficiencia de algunas agencias municipales y el malestar ciudadano en ciertos barrios, buscan interrumpir su mandato por la vía de la revocatoria. Pero el análisis no puede quedarse en la superficie de los hechos. Hay que ir más allá.
Luces y sombras de una gestión en construcción
Pabel Muñoz llegó a la Alcaldía con una propuesta de ciudad ordenada, planificada, con enfoque técnico y progresista. Su visión era clara: una administración que dejara atrás el caos y la improvisación que marcaron los últimos años de gestión municipal. Y en varios frentes, esta visión ha comenzado a materializarse.
Obras estratégicas de movilidad, continuidad en los planes de infraestructura urbana, modernización de procesos administrativos y una hoja de ruta coherente para el desarrollo de Quito han caracterizado el primer tramo de su mandato. En conjunto con concejales aliados y ciertas instituciones municipales que sí han funcionado a la altura —como la Empresa de Obras Públicas, la Secretaría de Planificación o la Secretaría de Territorio—, se han impulsado acciones concretas que comienzan a marcar un antes y un después.
No obstante, también es verdad que la ejecución de esas políticas ha chocado contra un muro: una parte de su equipo técnico ha fallado. El mal diseño de algunos nombramientos, la falta de criterio político en la selección de directores y funcionarios clave, y la poca capacidad de ciertas agencias para aplicar los lineamientos definidos por el despacho del alcalde, han terminado pasándole factura a su imagen.
La Agencia Metropolitana de Control, por ejemplo, ha dejado escapar las riendas del espacio público. En barrios comerciales, estaciones de transporte y zonas de alta circulación, el crecimiento del comercio informal ha dado pie a la percepción de que la ciudad se convierte en un mercado sin ley. La falta de articulación entre instituciones también ha debilitado la respuesta frente a reclamos ciudadanos cotidianos. Y en varios casos, la ineficiencia de mandos medios ha desdibujado los esfuerzos realizados desde la cúpula.
¿Un mal alcalde o un mal equipo?
La pregunta de fondo no es si hay o no errores en la gestión —porque sí los hay, y graves—, sino si estos errores responden a una falta de voluntad política del alcalde o a la ineficiencia estructural de una administración pública que arrastra vicios desde hace décadas. La evidencia apunta a lo segundo.
Pabel Muñoz no ha gobernado con desinterés. Por el contrario, ha demostrado presencia, criterio y liderazgo político. Pero ha sido traicionado por una parte del sistema que no termina de alinearse a su visión. Y si bien es responsable último por conformar ese equipo, sería desproporcionado usar esas falencias como justificación para anular su mandato.
La revocatoria como herramienta de revancha
Lo que preocupa es el trasfondo del proceso de revocatoria: el uso reiterado de esta figura legal como arma de desgaste político. Ya sucedió en el pasado con Jorge Yunda, y el precedente fue nefasto. Quito entró en un limbo institucional del que aún no se recupera. Hoy, el riesgo se repite.
La revocatoria es, en teoría, un derecho ciudadano para hacer rendir cuentas a sus autoridades. Pero cuando es activada con fines electorales, por grupos contrarios a la línea ideológica del alcalde y no por un movimiento ciudadano transversal, pierde legitimidad. La sola posibilidad de que dos o tres ciudadanos —con capacidad económica y jurídica para impulsar un proceso— puedan truncar la decisión popular de cientos de miles de quiteños, debería generar alarma.
Detrás de esta ofensiva, hay intereses políticos evidentes. Sectores que han perdido en las urnas y no aceptan el juego democrático ven en la revocatoria un atajo para reposicionarse, deslegitimar, confundir. Y lo hacen apelando al desgaste social, al enojo ciudadano, a la frustración que, en momentos de crisis económica, siempre encuentra eco.
¿Y si triunfa la revocatoria?
Si el proceso prospera, Quito volvería a vivir una pesadilla: la desestabilización institucional, la parálisis administrativa, el bloqueo político. ¿Es eso lo que necesita una ciudad que está tratando de ordenar su planificación urbana, de sacar adelante obras clave, de resolver décadas de abandono?
No se trata de blindar a Pabel Muñoz. Se trata de defender la estabilidad de la capital, el respeto al voto y el ejercicio responsable del poder ciudadano. Si el alcalde no cumple con sus promesas, los mecanismos de evaluación pública existen: veedurías, auditorías, fiscalización en el Concejo, y finalmente, las urnas en las próximas elecciones.
Pero apelar a la revocatoria como estrategia de sabotaje no fortalece la democracia. La debilita. No es un castigo justo. Es una revancha peligrosa.
Un llamado a la reflexión
El país necesita que Quito funcione. Necesita una capital con rumbo, con gobernabilidad, con visión. Si hay errores, que se corrijan. Si hay corrupción, que se sancione. Pero si lo que hay es una campaña política disfrazada de justicia, entonces los ciudadanos deben estar atentos.
La democracia no se defiende solo en las elecciones. Se defiende también en los momentos en que se quiere vulnerar la voluntad popular por la puerta de atrás.
