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Resultados del censo no permitirán establecer políticas públicas adecuadas

Quito, 13 dic (La Calle).-  El asambleísta por UNES, Xavier Jurado explicó para Radio La Calle las irregularidades que presenta el censo 2022 y el costoso presupuesto que representa para los ecuatorianos.

Jurado comentó que junto con la Comisión de Transparencia realizó un seguimiento al proceso del censo que demostró las siguientes inconsistencias:

  • La contratación de personal a destiempo;
  • la falta de preparación;
  • falsas credenciales;
  • desabastecimiento de uniformes.

“¿Qué datos van a tener para el 2023 y dentro de 10 años? Se supone que el Estado se vale de estos datos para poder establecer políticas públicas”, precisó.

El asambleísta recalcó que este censo es muy costoso para el Ecuador, pues está valorado en USD 7 u USD 8 por persona, precio que para los institutos técnicos censales a nivel de Sudamérica es bastante costoso.

“Luego no les alcanza el dinero y se ven obligados a hacer un crédito a la Banca Internacional. Todo ese dinero se destina para el censo”, detalló.

Trampa de empleos

Jurado detalló que la principal falla del censo y de los datos erróneos que arroja es la “sobreoferta de empleos”. Irregularidad que evidenció cuando revisó la página del INEC y notaron que lo resultados de las encuestas no estaban ordenadas por año.

“De esta manera, el presidente considera que hay empleo suficiente y como no sabe la realidad de los ecuatorianos anuncia que crea una serie de vacantes. Si sobredimensionan el empleo cómo proponen políticas de empleo el otro año”, puntuó.

Debilidades del censo

El asambleísta precisó que una de las debilidades que posee el censo es la falta de campañas de difusión masiva para que la ciudadanía tenga en cuenta del proceso.

Según Jurado, esta difusión falló porque la contratación del sistema de comunicación fue de manera extemporánea. “Ya llevaban más de la mitad del trabajo y el censo todavía no tenía empresa de contratación y tenía irregularidades la contratación, igual que las máquinas para hacer credenciales”, expuso.

También mencionó que los ecuatorianos no confían en los censistas porque solicitan datos que no están permitidos, como la cédula de identidad.

“Esta información es peligrosa, puede convertirse en información válida para instrumento internacional, por ejemplo, para créditos con el Estado”, dijo.

Acciones de la Asamblea

La Comisión de Transparencia realizó un proceso de fiscalización que les permitió conocer de manera cercana lo que realmente pasa. Puntualizó que incluso el director del INEC, Jorge García, reveló que no hizo un “censo normal”.

Señaló que solicitaron que intervenga Contraloría, pues en el mal manejo de los recursos del Estado debe intervenir esta institución de manera inmediata.

Beneficio del Gobierno

Según el legislador, con este mecanismo el gobierno busca quedarse por dos años más o el tiempo que tenga estipulado. Recalcó que, lo preocupante de esta situación es tener un gobernante que no conozca como se maneja el espectro público.

“De aquí parte cuándo puede ser un problema no tener datos reales y cuando sí”, repitió. El parlamentario refirió que el mayor problema del Ecuador es que gobierno esconda las cifras. (N.J.C)