Quito, 29 abr (La Calle).- El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios inició el análisis de una reforma al sistema de jubilación patronal. La ministra Ivonne Núñez presentó un proyecto que busca sustituir el modelo actual —financiado solo por empleadores— por un fondo mixto administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o la banca pública.
La iniciativa, que modificará el artículo 216 del Código del Trabajo, apunta a garantizar la sostenibilidad del beneficio y frenar los despidos anticipados de trabajadores cercanos a cumplir los 25 años de servicio, según Nuñez.
El nuevo modelo plantea un fondo de ahorro acumulativo, alimentado por aportes de empleadores y trabajadores, cuyos porcentajes serán definidos mediante un estudio actuarial del IESS. Los recursos no dependerían de la continuidad laboral en una misma empresa, sino que se transferirían al trabajador tras acumular 25 años de cotización, incluso en múltiples empleos. El fondo operaría como un fideicomiso gestionado por el Banco del IESS (Biess).
Núñez argumentó que el sistema vigente —que obliga a las empresas a cubrir íntegramente la jubilación patronal tras 25 años de servicio— ha generado «incentivos perversos». Según datos del Ministerio, menos del 4% de los trabajadores del sector privado acceden a este beneficio. Resalt las empresas optan por desvincular a empleados con más de 19 años de antigüedad para evitar costos. «Hoy, el sistema castiga al trabajador experimentado y perjudica a las empresas, que pierden talento capacitado», señaló.
Tres motores de la reforma
- Baja cobertura: Solo el 4% de los trabajadores acceden a la jubilación patronal.
- Despidos estratégicos: Las empresas prescinden de empleados cerca de cumplir los 25 años, dificultando su reinserción laboral.
- Pérdida de capital humano: Empleadores reconocen que despedir a personal calificado afecta su productividad.
Críticas y plazos
Marcela Arellano, presidenta de la CEOSL, cuestionó que los trabajadores deban aportar al fondo: «Sería un ahorro programado, no una jubilación patronal. Es una línea roja para nosotros». No obstante, admitió la necesidad de dialogar para «asegurar derechos y formalización laboral».
El Consejo tiene un mes para conformar una mesa técnica tripartita (empleadores, trabajadores e IESS), la cual dispondrá de 90 días para diseñar el proyecto definitivo. Posteriormente se lo enviará a la Asamblea Nacional, donde se debatirá su implementación.