Quito, 15 oct (La Calle).- Luego de la corta cadena nacional dada por el presidente Daniel Noboa, donde no se refirió a la crisis energética y los nuevos apagones, cerca de las 22h30 emitió el Decreto Nro. 421 que reforma el Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Este decreto de 16 artículos y dos disposiciones transitorias resume los intentos desesperados del Ejecutivo por evitar que el primer mandatario siga cayendo en popularidad, de cara a las elecciones del siguiente año. Entre otras cosas de carácter publicitario, como la propaganda de pornografía infantil, de cigarrillos y bebidas alcohólicas, se dispone la obligatoriedad a los accionistas o socios de los medios de comunicación nacionales a estar domiciliados en el país.
Asimismo, en el numeral 11 del artículo 5 se agrega que, para considerarse medios de comunicación social, los prestadores de servicios de audio y video por suscripción deben contar con un canal local para programación propia. Pero lo que más ha llamado la atención es la disposición transitoria de convocar al proceso público de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones tienen un plazo máximo de 60 días para esto, lo que significa que el concurso público deberá iniciarse a mediados de diciembre de este año. Justo y oportuno para el periodo de campaña preelectoral que arranca en enero de 2025.
Evolución de la LOC
La LOC se aprobó en 2013, gracias al artículo 312 de la Constitución de Montecristi, donde se prohibía la vinculación de instituciones del sistema financiero privado con medios de comunicación. En 2019 la reformó expresidente Lenin Moreno para eliminar la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom); derogar la responsabilidad ulterior de los medios, así como las sanciones administrativas a periodistas que difundan contenidos que lesionen derechos ciudadanos; y, el cambio porcentual a la distribución radioeléctrica entre medios privados, comunitarios y públicos. En 2021, Guillermo Lasso propuso eliminar 90 artículos de la Ley referentes al trabajo de los medios y la práctica periodística. La quiso reemplazar por una nueva ley llamada “Ley de Libertad de Expresión y Comunicación.
¿A quién favorece la decisión?
Ahora, lo que inquieta en esta decisión del mandatario Noboa es que en medio de las crisis energética, de seguridad y falta de empleo, se “resuelva” algo que no está en la agenda de los problemas públicos. La pregunta es ¿a quién está dirigido o a qué responde esta “necesidad” del Ejecutivo? Después de que sus ministros y voceros sumen más errores de comunicación a su desbaratado discurso gubernamental que va cayendo en relatos y narrativas políticas, reformar la LOC puede tener dos intenciones. Una que circula en la conversación pública es mantener a los medios ocupados y desviar la atención de lo que realmente aqueja al país. Otra podría caer en amedrantamientos a ciertos medios de comunicación, por las prohibiciones, sanciones y multas que contiene la reforma, o buscar su simpatía en campaña.
Cabe destacar que los medios de comunicación privados, “corporativos” o “clientelares han hecho favores a los tres últimos gobiernos de turno que han tenido sus intereses en cambiar o eliminar la Ley. Moreno evitó el supuesto “linchamiento mediático”. Lasso evitó la regulación a los medios. Noboa rehúye a la emergencia de la cantidad de medios digitales e independientes que están refutando sus relatos. En todo caso, lo cierto es que este decreto no tiene nada que ver con la realidad del país, sino con los intereses electorales de este gobierno. (JH)
