Quito, 16 ene (La Calle).- El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico urgente que trata la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública.
Este es el cuarto proyecto que envía el Jefe de Estado durante el corto tiempo que ha permanecido en Carondelet. Según la máxima autoridad, esta propuesta pretende extinguir el dominio de bienes obtenidos de manera delictiva en el país y mejorar el control en el sistema de contratación pública.
El proyecto de 66 artículos propone un cambio a las leyes de:
- Extinción de dominio,
- Código Orgánico Penal (COIP),
- Sistema Nacional de Contratación Pública,
- Contraloría,
- Procuraduría General del Estado,
- Código Orgánico Administrativo; y,
- Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas y Municiones.
Además, el mandatario mencionó que este proyecto ayudará al fortalecimiento de la economía del país, promover la seguridad y buscar la justicia social. Por su parte, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, indicó que los bienes de este origen pasarán a favor del Estado y evitará la obtención de recursos ilícitos por medio de la contratación pública.
«La medida económica más importa que está tomando el presidente Daniel Noboa es la lucha contra el narcotráfico y la ley va en esa línea», dijo en Teleamazonas.
También comentó que esto les permitirá tener un esquema más claro y transparente en la contratación pública que corregirá los «descalabros institucionales». Según él, las propiedades, edificios pueden ser vendidos o usados. De la misma manera, las armas incautadas en estas semanas podrían pasar a manos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Ecuador se encuentra en estado de excepción, por lo que el mandatario tiene la potestad de enviar dos proyecto ley al Legislativo. Al ser un proyecto de carácter urgente, el Pleno tiene 30 días para resolverlo.
Un tema en dos espacios
La extinción de dominio es un tema que se propone en el segundo paquete de preguntas de la consulta popular que fue enviada a la Corte Constitucional. Una propuesta que le costaría al país aproximadamente USD 60 millones. La pregunta detalla que el Estado se convertiría en el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado.
Varios analistas y políticos recomendaron que se cancele el proceso por la situación que atraviesa el país, pero el gobierno no ha emitido una respuesta favorable. La consulta fue una promesa que realizó Noboa para «acoger el pedido» de los ecuatorianos a los gobiernos de turno.
El proyecto de ley (aquí).
