Por: Jackie Herrera
La inseguridad que vive Ecuador va en aumento, a pesar de los esfuerzos publicitarios de las últimas semanas del Gobierno Nacional por mostrar una realidad diferente. Las cifras por muertes violentas se incrementan con los asaltos perpetrados en las carreteras a buses y transporte pesado. Según la Cámara de Transportistas Pesados (Cetrape), entre 2023 y lo que va del 2024,se han registrado más de 240 casos de secuestro y robos y 36 asesinatos a conductores y sus ayudantes. Son más frecuentes los videos que circulan en las redes sociales donde se evidencia que las bandas delincuenciales utilizan mecanismos cada vez más violentos en 10 vías, consideradas las más peligrosas del país, entre Cuenca, Guayaquil, Quevedo y Quito.
Luego de los acuerdos que la Federación Nacional de Transporte Pesado (Fenatrape) y la Federación Nacional de Transporte Liviano (Fenacotrali) habrían llegado con el Gobierno, el pasado 9 de julio, se anunció un “apagón de motores” para el 16 y 17 de este mes que finamente no se concretó por las contradicciones entre los representantes y agremiados. Sin embargo, este 29 de julio una caravana de cooperativas de transportistas realizó una manifestación pacífica desde el sur de Pichincha que pretendía llegar hasta el Centro Histórico de Quito para exigir al primer mandatario seguridad en las vías. Pero no hubo ningún acuerdo, pues la solicitud de reunión con la ministra del Interior, Mónica Palencia, fue atendida por delegados que no supieron entregar respuestas ni dar concreciones.
Este tipo de actuaciones de las autoridades “que resuelven” solo muestra la falta de interés total en atender este problema público, aunque la misma ministra Palencia es la vocera encargada de dar cifras repletas de optimismo de los supuestos resultados de una “estrategia eficiente” contra la delincuencia en el país. Pero ¿acaso estos datos, así como los de femicidios, no están en el radar de nuestros gobernantes? O es que en realidad prefieren obviarlos. Resulta alarmante el silencio de los medios de comunicación y la quietud del gobierno ante el clamor de los transportistas por sus vidas y estabilidad laboral.
Se supone que una de las consignas de Noboa y su gabinete es combatir la delincuencia y recuperar la economía nacional, así lo ha dicho reiteradamente en sus pronunciamientos públicos, pero no atienden siquiera una reunión con uno de los gremios más numerosos del país. Incluso su asesora y vocera de comunicación, Diana Jácome, aseguró que los ecuatorianos ya podemos salir a trabajar tranquilos. Pero no hay tal. Parece que pasar del discurso a los hechos le está costando, y bastante, al Nuevo Ecuador.
Es impensable que, así como la justicia, la gestión estatal sea selectiva. Lamentablemente, son otros los temas que hoy están sobre la mesa de interés político, mientras la ciudadanía se sigue desangrando y sumiendo en la inseguridad, el miedo y la desidia. A ocho meses de gobierno, una crisis estructural aplastante y la falta de garantías se profundizan en todos los sectores del país. No hay acuerdos. No existen resultados reales de los orquestados planes gubernamentales. No hay un gobierno para todos.
