Quito, 7 nov (La Calle).- Después de casi ocho meses de exilio, la periodista Karol Noroña expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la falta de atención del gobierno a su caso y al de otros nueve colegas que también corren peligro.
El 6 de noviembre la CIDH recibió en Washington, Estados Unidos, a varios periodistas ecuatorianos, entre ellos Noroña y a uno de los familiares de los trabajadores del Grupo El Comercio, asesinados por el Frente Óliver Sinisterra.
De acuerdo a Noroña, la mayoría de los exiliados no quieren levantar una denuncia porque no confían en la Fiscalía ecuatoriana ni en el Consejo de Comunicación. Ella aseveró que quienes quisieron matarla son protegidos por el Estado ecuatoriano.
»Digo esto con total dureza porque gozan de todo privilegio en prisión, incluido el ingreso de armas, ordenan crímenes desde adentro y son beneficiados por la justicia», expresó.
El exilio de Karol Noroña
«El 23 de marzo de 2023, supe que los miembros de una organización narcocriminal que sirve logísticamente a carteles internacionales presentes en Ecuador, planeaban un atentado en mi contra», indicó la periodista.
Agregó que tuvo acceso a chats y audios de las amenazas en su contra, del medio en el que trabajaba (GK) y un plan de asesinato. «Al día siguiente salí de mi país, Ecuador, sin una fecha de regreso. Ahí empezó mi exilio y desde entonces han pasado 8 meses», resaltó.
Desde ese momento no ha podido publicar nuevas investigaciones, debido a las secuelas psicológicas. De igual manera, GK decidió no cubrir más al crimen organizado y las cárceles, por el riesgo que corren los periodistas y sus familias.
Nos faltan tres
Por otro lado, Ricardo Rivas, hermano del periodista Paúl Rivas quien fue secuestrado y asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia, señaló que después de seis años no tiene verdad ni justicia sobre este caso, solo impunidad.
En febrero del 2021, el Consejo de Seguridad Nacional negó el acceso a la información sobre el crimen del equipo periodístico de El Comercio por supuesta afectación a la seguridad del Estado. Dos años después los datos pasaron de ser reservados a secretos.
De acuerdo con Rivera, tanto el expresidente Lenín Moreno como el actual mandatario Guillermo Lasso han ofrecido en 10 ocasiones desclasificar el caso.
«En acto público, Moreno nos dio 800 hojas que fueron entregadas al ESE de la CIDH. Ninguno de estos documentos tenía contenido relevante», argumentó.
