Quito, 07 abr (La Calle).-La candidata presidencial Luisa González de la Revolución Ciudadana (RC) fue denunciada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por violencia política de género, apenas una semana antes de la segunda vuelta electoral. El demandante es Manuel Peñafiel Falconí, asambleísta electo del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien presentó cuatro videos como supuestas pruebas de la infracción.
La acusación, admitida de forma preliminar por el juez Guillermo Ortega, se basa en cuatro videos cuyo contenido no ha sido revelado públicamente. Según el expediente publicado en el portal del TCE, Peñafiel alega que González incurrió en actos de violencia política de género, aunque sin especificar fechas, contextos o declaraciones concretas. El juez solicitó al denunciante que en un plazo de 48 horas precise:
- Los hechos exactos que atribuye a González.
- Los artículos del Código de la Democracia supuestamente violados.
- Los agravios personales o colectivos derivados de dichos actos.
- La relación entre los videos presentados y los cargos formulados.
De no cumplirse estos requisitos, el caso será archivado, tal como ocurrió en febrero de 2025 con una denuncia similar interpuesta por Wilmer Carrión Pérez. En aquella ocasión, el juez Ángel Torres archivó el proceso tras la falta de sustento del demandante.
El historial controvertido de Manuel Peñafiel
Este no es el primer intento de Peñafiel por judicializar procesos políticos. El 2 de julio de 2024, el pleno del TCE rechazó por unanimidad una denuncia suya contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta concusión (extorsión bajo cargo público).
En esa ocasión, Peñafiel, quien se identificaba como presidente de la Corte de Justicia Indígena del Ecuador, argumentó que Abad había discriminado a pueblos originarios. Sin embargo, los magistrados Fernando Muñoz, Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Ángel Torres y Joaquín Viteri determinaron que el TCE no tenía competencia, al tratarse de un supuesto delito penal, no electoral.
La denuncia contra Abad carecía de sustento técnico: Peñafiel no logró vincular a la vicepresidenta con actos electorales ilegales, limitándose a presentar una denuncia penal previa que, según él, demostraba un «siniestro de derechos indígenas».
Acusaciones de manipulación judicial
Las acciones de Peñafiel adquirieron mayor notoriedad tras las declaraciones de Francisco Barreiro, hijo de Verónica Abad, quien lo señaló en redes sociales como operador político del gobierno de Daniel Noboa. Barreiro relató que, durante su detención en la cárcel La Roca, en el marco del Caso Nene, Peñafiel presentó un habeas corpus irregular en marzo de 2024, supuestamente para retrasar su liberación:
«Utilizó logos del CPCCS, Consejo de Participación Ciudadana, en documentos ilegales. Su exposición en la audiencia fue desorganizada y carente de fundamento jurídico. Entendí que era una estrategia para generar noticias negativas y demorar mi salida (…) Actúa como emisario del Ejecutivo, financiado para dañar a opositores», denunció Barreiro en la plataforma X.
Además, vinculó a Peñafiel con la apertura masiva de sedes de ADN en Guayas y lo acusó de coordinar campañas de desprestigio contra figuras críticas al gobierno: «No les importa la justicia, solo buscan generar tendencia», afirmó.
https://twitter.com/sebarreiro/status/1909045298208309586
Violencia política de género: ¿Instrumentalización o delito grave?
El Código de la Democracia (Art. 349) cataloga la violencia política de género como infracción «muy grave», sancionable con multas de hasta 50 salarios básicos y suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años. No obstante, organizaciones como la Fundación Ciudadana y Desarrollo señalan que, desde 2023, el 68% de las denuncias por este delito han sido archivadas por falta de pruebas o incoherencias procesales.
La denuncia se enmarca en un escenario de alta tensión, donde el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de fracturar la institucionalidad. Mientras ADN insiste en que «nadie está por encima de la ley», sectores afines a Revolución Ciudadana denuncian una «persecución orquestada» desde el poder.
El TCE tiene hasta el 12 de julio para resolver si la denuncia cumple los requisitos formales. De admitirse, González deberá presentar su descargo en medio de la campaña. Sin embargo, el historial de Peñafiel y la proximidad de los comicios alimentan escepticismo sobre los motivos tras la acusación.
