Quito, 15 nov (La Calle).- El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, aseguró que interpondrá todos los recursos constitucionales, que incluye una destitución, ante la acusación del integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juan Guarderas sobre los supuestos vacíos en su designación.
«Qué valentía para llevar adelante algo infundado que podría ocasionar la destitución. De ser el caso, correrá la misma suerte del exconsejero al que está reemplazando», dijo en Radio La Calle.
Recordó que el expresidente del Cpccs, Alembert Vera fue destituido del cargo por «desacatar una resolución de la Corte Constitucional (CC)» y mencionó que el actual consejero estaría incurriendo en el mismo caso.
Terán alegó que su proceso transcurrió de manera «legal y transparente». Según él, se cumplió con la terna emitida por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la comisión ciudadana para verificar el proceso, la presencia de una veeduría ciudadana, la exposición de los planes de trabajo y la resolución de la CC de elegir al presidente del CJ de la cuarta terna.
«El moroso del gobierno»
Además, el presidente del CJ señaló que el Gobierno no ha cumplido con la orden de cancelar USD 250 millones que estaba presupuestado para la entidad. El régimen tenía 15 días para pagar desde que un juez aprobó la acción jurisdiccional que interpuso Terán. Sin embargo, hasta la fecha el Ejecutivo no ha cancelado el monto. «Todo es una mora infame», repitió.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, rechazó esta acusación desde el primer momento y señaló que «no existen los recursos para solventar esta demanda y aseguró que esto es un problema de gestión en la Judicatura».
“Habría que trabajar más duro para mantenerlos a ellos (…) Bien saben que pretender más recursos significa quitarles a otros o subirle los impuestos a los ecuatorianos”, dijo.
