Quito, 12 dic (La Calle).- La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, anunció que una «alternativa» para «ampliar las plazas de empleo» para los jóvenes sería implementar el trabajo por horas. Sin embargo, no mencionó las reformas que se aplicarían al Código de Trabajo y a otros reglamentos.
Núñez argumentó que este mecanismo se aplicó en «varios países del mundo y dieron resultados positivos». No obstante, este mecanismo se eliminó de Ecuador en 2008. ¿Pero qué opinan los expertos?
El abogado Washington Andrade argumentó, para Radio La Calle, que en el marco jurídico y constitucional actual esta «alternativa» no sería posible. Sin embargo, anotó que el país no se puede negar a nuevas modalidades de contratación; siempre y cuando se garanticen los derechos laborales.
Recalcó que si las autoridades pretenden implementar esta medida deberán demostrar que no es una manera de precarización, sino «una forma de aumentar la producción cuando se requiera«.
Para eso, la primera modificación que deberían realizar es el cálculo del valor de la hora de trabajo a un costo más alto. Mencionó que eso compensaría de alguna manera la ausencia de una indemnización al final del contrato o período laboral que se podría dar.
«Esta modalidad debería implementarse con la combinación de una reforma legislativa, constitucional y los acuerdos ministeriales para que no se cataloguen como ilegales e inconstitucionales«, puntualizó.
Otro escenario planteó el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, quien difirió con la mención de la ministra. Aseguró que esto solo sería retroceder en la lucha de los derechos laborales, lo que representaría normalizar una mano de obra barata, flexibilidad y precarización laboral.
«Esto no es una alternativa para resolver el tema del desempleo. Lo que deberían implementar es un empleo digno y estable con todos los beneficios de ley», dijo para La Calle.
Resaltó que con estas decisiones, el 2024 se convertiría en un escenario de lucha y confrontación a la intención de «seguir protegiendo a los grupos acomodados y perjudicar a los ecuatorianos».
«Se sacrificarán algunos derechos»
Andrade aludió que la reforma laboral deberá combinará las nuevas reglas -en caso de implementarse- y las que ya se alcanzaron. Aclaró que si no existe esa unión algunos derechos como la liquidación, indemnizaciones, flexibilización laboral, entre otros, se sacrificarán.
Algo similar expresó Villavicencio, quien cuestionó que esta intención no garantiza tres aspectos importantes en el campo:
- – Estabilidad laboral.
- – Beneficios de ley como seguridad social, décimo tercero, décimo cuarto, entre otros.
- – No vulnerar a los convenios 87 y 88 que engloban la libertad sindical y la contratación colectiva ratificada por el Estado.
Para el representante del FUT, con eso solo se crearían medidas de «esclavitud moderna en la delicada situación que atraviesa el país«.
«Deberían revisar la historia y saber en qué condiciones pasaban los trabajadores cuando había el trabajo por horas antes del 2008», ratificó.
Tiene un riesgo agresivo
Según el abogado, esto también representaría un peligro para los trabajadores de mayor estancia en las empresas, aquellos que ya tienen derecho a una jubilación patronal proporcional y completa. Explicó que con la aprobación del proyecto de Ley Económico Urgente enviado por el presidente Daniel Noboa y los incentivos que recibirían las empresas por la contratación juvenil, las autoridades se exponen a que exista un despido masivo.
«Los empleadores por recibir esos beneficios tributarios pueden despedir al personal antiguo y contratar nueva mano de obra en todos los sentidos. Los que más corren peligro son las personas de mediana y avanzada edad», apuntó.
Afirmó que el nuevo marco reglamentario -en caso de ejecutarlo- debería cuidar las normas de empleo definidas e imponer sanciones a los empleadores que pretendan beneficiarse a costa de despidos masivos.
Un segundo camino por analizar
Por su parte, Villavicencio indicó que hay otra posibilidad para generar empleo y es el «Trabajo parcial permanente», este incluye todos los beneficios de ley. Es decir, es una propuesta que les otorga la posibilidad de trabajar cuatro horas seguidas -sea en la mañana o en la tarde- y a la vez tener la oportunidad de estudiar.
Detalló que hay 800 mil jóvenes que no estudian ni trabajan por las condiciones en las que se encuentra el país. Además, mencionó que de ese 63 % no tiene mayor oportunidad en el campo profesional y laboral.
«Con eso trabajarían 20 horas a la semana y 80 al mes, y no una hora en la mañana y otra en la noche como ellos (los empleadores y autoridades) buscan. El único objetivo es la precarización», aludió.