@kelme_boy
El pasado viernes 16 de octubre, la nueva Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional definió el cronograma para el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Esta definición se dio días después de que la secretaria de Estado le “exigiera” a esa mesa legislativa -a través de un ordinario comunicado- que nada de hacerle un proceso vía Zoom, que todo sea cara a cara.
Seamos sinceros. Si esa malcriadez hubiera ocurrido en otro gobierno -ojo, ni siquiera lo estoy delimitando a la era de Rafael Correa- los medios de comunicación estuvieran lanzando alaridos y berrinches por la falta de independencia de poderes. Sin embargo, en los tiempos de Moreno, su gavilla y sus aliados naturales -medios de comunicación privados y públicos-, la temeridad de María Paula Romo recibió porras desde las portadas, noticieros y tuits de “líderes de opinión prepagos”.
Al menos algo de sangre queda en la Asamblea Nacional. El comunicado de Romo generó una homogénea reacción de rechazo entre los legisladores, sobre todo de los integrantes de la nueva Comisión de Fiscalización. Unos la llamaron “imprudente”, otras tildaron a Romo de “desubicada”. En lo que sí concuerdan todos los comisionados es en detectar el temor de la ministra de que su juicio llegue al pleno del Parlamento.
¿Recuerdan cuando la ministra, con la arrogancia propia de los chicos Ruptura, dispuso que le hagan nomás el juicio político? Pues en esa época, ese pedido a César Litardo, presidente de la Asamblea, sonaba más como un sacrificio: Vengan por mí, pero no toquen a Richard Martínez, que por esos días concretaba el acuerdo con el FMI que hipotecó el futuro del país.
Pues bien, los cálculos de la “giganta” parece que fallaron. Y es que Romo le lanzó el 8 de septiembre el reto a la Asamblea de enjuiciarla. Ella se sentía confiada de seguir dominando la Comisión de Fiscalización. Esto a pesar de que sus alfiles, Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, cuya destitución se dio por el reparto de hospitales. La ministra se sentía blindada. Aunque en política siempre hay un pero.
El 14 de septiembre, el pleno de la Asamblea Nacional dio paso a la moción del legislador Pabel Muñoz, de la bancada correísta, de reestructurar la Comisión de Fiscalización. A pesar del pataleo de Litardo y hasta del intento de intromisión del Procurador del Estado, el Parlamento decidía con votos que había que renovar la mesa. Y para mala suerte del Gobierno y de sus “aliados coyunturales”, Alianza PAIS y CREO perdieron la mayoría en la nueva composición.
Comisión de Fiscalización
La nueva Comisión de Fiscalización está compuesta de 11 integrantes. Esteban Melo (RC), Bairon Valle (RC), Noralma Zambrano (AP), José Serrano (AP), Mercedes Serrano (PSC), Dennis Marín (PSC), Elio Peña (BIN), Jaime Olivo (BIN), Franco Romero (BADI), Absalón Campoverde (CREO) y Marcelo Simbaña (CREO).
Y aquí es donde empieza lo interesante y uno puede hacer de oráculo. Me atrevo a contar al menos 5 integrantes de esa comisión que darían sus votos para que el juicio vaya al pleno. Los dos correístas, los dos socialcristianos y José Serrano. En buen romance, faltaría una adhesión más para que se apruebe el informe de interpelación. ¿Cómo votará Elio Peña de Pachakutik?, ¿cómo votará Franco Romero, del BADI, ese bloque minoritario acusado de beneficiarse del reparto de hospitales y cargos públicos? Y sobre todo: ¿cómo votará CREO tanto en la Comisión de Fiscalización o en el caso de que el juicio vaya al pleno?
Juicio político
Está previsto que la primera quincena de noviembre se sepa si el pleno de la Asamblea enjuiciará a Romo por incumplimiento de funciones. Créanme que el país estará atento a las votaciones. A pocos meses de las elecciones, los electores verán qué bloques seguirán alineados con la figura más poderosa del gobierno de Lenín Moreno.
Supongo que al interior del bloque de CREO deben estar calculando todo fríamente. No es de asombrarse, que si el bloque del candidato presidencial, Guillermo Lasso, vuelve a dar los votos a favor del Gobierno -como ha sido su costumbre en el último año y medio- será aprovechado por los rivales del banquero para confirmar que ha cogobernado con Lenín Moreno y sus ministros.
Son 90 los votos que se necesitan para censurar a María Paula Romo en el pleno de la Asamblea, pero primero hay que ver qué pasa en la Comisión de Fiscalización. ¡Que comience el show!
