Quito, 11 jul (La Calle).- La Asamblea Nacional aprobó el pasado 10 de julio, con 80 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, tramitada con carácter de urgente en materia económica.
Aunque la norma ha sido presentada como una herramienta para mejorar la gestión ambiental, organizaciones sociales, pueblos indígenas y sectores ecologistas advierten que podría abrir la puerta a la privatización y a nuevas actividades extractivas en zonas que deberían estar protegidas.
Riesgo de negocios privados en territorios protegidos
Desde movimientos ecologistas y sectores de izquierda se ha cuestionado que la ley permite la participación del sector privado en la administración de áreas protegidas, lo que podría derivar en concesiones disfrazadas de fortalecimiento institucional.
Para los críticos, esta ley refuerza un modelo extractivista que prioriza la entrada de capital privado en espacios naturales, dejando en segundo plano su conservación.
Denuncian que esta norma podría convertir la protección ambiental en un discurso vacío, mientras en la práctica se habilitan acuerdos con intereses empresariales.
Áreas sin comunidades quedarían expuestas
Otro punto alarmante de la ley es que la prohibición de actividades extractivas solo se aplica a territorios indígenas. Esto deja desprotegidas otras áreas protegidas que, aunque no tienen presencia comunitaria, poseen una alta biodiversidad.
Además, colectivos sociales señalan que no se garantiza el derecho a la consulta previa ni se establecen límites claros frente a posibles intervenciones económicas.
Temen que esto dé luz verde a la minería, el petróleo o el turismo comercial en zonas que deberían mantenerse como patrimonio natural intocable.
Gobierno niega privatización, pero dudas persisten
La asambleísta Valentina Centeno, del bloque oficialista, ha defendido la ley asegurando que “no busca privatizar las áreas protegidas”, sino fomentar el turismo sostenible y fortalecer la institucionalidad ambiental.
Sin embargo, esta posición no ha convencido a sectores sociales ni a colectivos ambientales, que sostienen que la norma abre un marco legal para la intervención empresarial, sin mecanismos claros de control ni participación real de las comunidades.
La aprobación de esta ley marca un momento clave en la política ambiental ecuatoriana. En lugar de fortalecer la protección de la naturaleza, podría facilitar la entrada de intereses privados y extractivos en territorios que deberían estar resguardados por el bien común.
Defender la biodiversidad y los derechos colectivos requiere de leyes participativas, claras y orientadas a la justicia ambiental, no normas que pongan al patrimonio natural al servicio del mercado.