Quito, 07 de feb (La Calle).- Han pasado seis años desde que se produjo la estafa masiva a 1.356 personas en el caso “PROINCO”. La justicia dictaminó el resarcimiento a las víctimas. Sin embargo, hasta ahora no han logrado recuperar el dinero.
Jaime Acosta es asesor legal del Comité de víctimas Proinco. Gissela Corrales es presidenta de ese mismo organismo. Ambos expusieron sus denuncias tras la nula respuesta de la Superintendente de Bancos, Ruth Arregui.
Corrales manifestó que se busca primordialmente obtener el seguro de depósitos que, en primera instancia, resarciría parte del daño que ha provocado Santiago Ribadeneira, encarcelado en Latacunga por esta estafa masiva. Además acusan de negligencia a la Superintendencia de Bancos. “Los dos entes nos han perjudicado a nosotros en USD 100 millones”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.
Por otro lado, Acosta recalcó que en el informe que presenta el liquidador Edgar Ramírez se había advertido que adolecía de muchas falencias y omisiones, pues se basó en una contabilidad fraudulenta que fue elaborada por Ribadeneira.
“En reuniones que se mantuvo con la superintendente se le advirtió que se debía analizar los informes en donde se mencionan un sin número de errores y falencias de parte del liquidador Ramírez”, sostuvo Acosta.
Corrales expresó que han entregado el primer y el segundo informe a varias comisiones de la Asamblea entre ellas la Comisión de Fiscalización. “Al parecer no leyeron nuestros informes porque no hubo una votación concluyente. Sin embargo, en esta o la próxima semana ya se definirá si va o no a juicio Ruth Arregui”, informó.
Otra estafa
Acosta también recalcó que, existió otra estafa hacia las víctimas pues se entregó como parte de pago dos terrenos que los hicieron pasar por un valor de USD 16 millones. Las personas a las que supuestamente se les pagó con los terrenos, hasta la fecha no han recibido nada.
Además, Corrales comentó que han tenido más de siete reuniones con la representación de la Relatoría de la ONU en el Ecuador y se han analizado parámetros efectivos que puedan permitirles interponer el reclamo al Estado sobre este caso.
