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Proforma presupuestaria 2023 recortaría inversión en sectores prioritarios

Quito, 15 nov (La Calle).- La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional inició los debates sobre la proforma presupuestaria 2023. La principal preocupación de la mesa legislativa es verificar si se cumplen las normas constitucionales de incremento del 0,5 % del PIB para educación y salud. Asimismo, se analiza la tan cacareada «mayor inversión social» por parte del Ejecutivo.

Observaciones

A primera vista, se descarta la tesis del régimen de Lasso. Son 17 sectores prioritarios que sufrirían recortes a su inversión, según la legisladora por UNES, Jahiren Noriega.

Por otro lado, el economísta Marco Flores resaltó que es necesario un cambio de política económica porque la economía que lleva a cabo Lasso es muy débil. Precisó que existen distorsiones en la comparación de valores o cifras de un año y otro. Además, apunta que la proforma no satisface a los 18 millones de ecuatorianos.

Acotó que hay un alto rubro para gasto corriente y apenas 7.3 millones de dólares para lo demás.

En cambio, María de Lourdes Lozada, representante de los Jubilados, solicitó el incremento del presupuesto para el pago a los maestros jubilados de los últimos tres años. A esta observación se unió el asambleísta de UNES, Blasco Luna, que mencionó que lo destinado para los jubilados en la proforma es preocupante, porque no alcanza para el pago.

Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, destacó que las universidades han sido víctimas del recorte presupuestario; por ejemplo, la Universidad de Cuenca. En la proforma se reduce el dinero en al menos diez instituciones de educación superior (IES).

Los parlamentarios del oficialismo, Eitel Zambrano y Guido Chiriboga señalaron que existe un incremento presupuestario a favor de las universidades. Asimismo, contradijeron la exposición de Lozada respecto a los maestros jubilados. «Es un tema netamente del incentivo jubilar y no de la jubilación. El incentivo no tenía una fuente de financiamiento», dijo Zambrano.

La asambleísta por UNES, Ana Herrera, refirió que sí existe un recorte a las IES. “Una cosa es lo que se dice y otra la que nos han entregado, por lo que es necesaria la revisión”, enfatizó.

Finalmente, la doctora Verónica Chávez, del Colectivo de Salud, indicó que el sector de la salud está en graves problemas. Los ejes del Plan Decenal, la baja ejecución presupuestaria, problemas urgentes, “banderas rojas”, entre otros puntos relacionados con el presupuesto son cabos sueltos.

Cortesía de Radio Pichincha

Instituciones que perderían…

Según el Gobierno, para el 2023 está prevista una inversión social de USD 15.276 millones, superior a los USD 14.500 millones proyectados para el 2022. Además, considera que cumple con las normas constitucionales para el Sistema Nacional de Salud y para la Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sumados los dos ámbitos aumentarían en total USD 1.223,7 millones.

Un análisis que no convence. Noriega asegura que hay instituciones de sectores prioritarios que ven decapitada su inversión desde el régimen. Entre las observaciones, la proforma no contempla la creación del Ministerio de la Mujer, anuncio de Lasso para apaciguar la violencia machista en el Ecuador.

La Secretaría de Derechos Humanos pierde una inversión del -46.5 %, mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social -10 %. Sumadas las dos entidades encargadas del desarrollo social y las mujeres son más de USD 13 millones menos.

En el sector salud, el Ministerio del ramo tiene -7 % y la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición infantil -30 %. Esto significa menos USD 21,4 millones.

La proforma recorta a la justicia más de USD 20 millones. El Consejo de la Judicatura refleja -75 % y la Defensoría Pública -38 %. La seguridad también pierde más de USD 30 millones. El Ministerio de Gobierno (-96 %) y el ECU-911 (-7 %).

Finalmente, a nueve universidades se les disminuye la inversión en más del 70 %. La Central, de Cuenca, Nacional de Educación, de las Artes, Técnica de Ambato, ESPE, Técnica del Norte de Ibarra, de Guayaquil, y Técnica de Manabí son las más afectadas. «En total 85% menos recursos para inversión», aseguró Noriega.

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