Quito, 4 nov (La Calle).- El país está atravesando por una grave crisis política y social que ha generado malestar en los diversos sectores de la sociedad. Es así que, mientras se desarrollaba el derecho a la resistencia, en varias zonas del Ecuador, el pasado 26 de octubre, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decretó 238, el cual abre las puertas a la privatización del sector eléctrico del país.
Entre las disposiciones del decreto se contempla dar paso al incentivo de la inversión privada, en las distintas áreas de servicio público, de la energía eléctrica. También reformular el modelo de desarrollo del sector eléctrico, para viabilizar la participación de capitales mixtos y privados, en todas las etapas de la emisión del servicio público de energía eléctrica, alumbrado público general, servicio de carga de vehículos eléctricos y almacenamiento de carga de energía.
De igual forma, se permite convocar al sector privado a los procesos públicos de selección, para la concesión del Bloque de 500 MW de Ciclo Combinado Termo Gas Machala, Sistema de Transmisión Nororiental, Bloque de Ciclo Combinado Gas Natural de 400 MW, y la gestión delegada de la Central Sopladora.
A través del Decreto 238 se contempla, también la fusión de varias unidades institucionales. El artículo 4 literal ‘K’ señala la cooperación entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales y No Renovables, la Agencia de Regulación y control de energía y Recursos no Renovables y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Por otro lado, dentro del mismo artículo en el literal ‘H’ se contempla la revisión del pliego tarifario del país.
De la misma forma, el Decreto exige que se presenten propuestas regulatorias en el plazo de un mes. Las regulaciones solicitan la incorporación del sector camaronero, agroindustrial y petrolero al sector eléctrico.
Reacción de trabajadores de la Empresa Eléctrica
Tras este anuncio, el Comité de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito anunció que se sumaba a las movilizaciones convocadas por las centrales de trabajadores, de manera permanente.
El Comité expresó su preocupación porque ”estas reglamentaciones se tomen de manera unilateral, sin que exista un análisis previo sobre las condiciones en las que se encuentran las empresas que brindan el servicio eléctrico a nivel nacional.”
Señalaron también que, con estas disposiciones, se establece que las empresas del sector privado podrán realizar las actividades que le corresponden al sector público. Es decir, consideran al Decreto el paso inicial para que la privatización de este sector vaya en escala.
Gobierno cumple con más requerimientos del FMI
La eliminación a los subsidios de los combustibles no es el único requerimiento por parte del FMI. Parte de los acuerdos firmados entre el Gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional es la privatización de las empresas públicas del país.
