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La CFN habría entregado más de USD 600 millones en créditos, de forma fraudulenta

Quito, 21 feb (La Calle).- El gerente general de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Eduardo Salgado, renunció hace pocos días, denunciando mal manejo en el otorgamiento de créditos, tras siete meses en el cargo.

Según el funcionario, la CFN está saturada de deudores, quienes han incurrido en mora «teñida de mala fe». También denunció que existen acuerdos fraudulentos con funcionarios, incluso, durante los últimos años de crisis económica que vive el país.

Un trabajo de Santiago Basabe, analista político e investigador, para el medio Primicias, revela que «quienes se encargaron de asirse con los recursos públicos fueron aquellos que las abuelas identificaban como los ‘Gran Cacao'». Es decir, quienes ascienden socialmente por abusar de las arcas fiscales.

Según Basabe, los deudores no justifican estos préstamos pues no tienen como finalidad un crédito educativo, productivo o de consumo.

«Al pobre, a la clase media, al profesional o al artesano, más impuestos y más controles. Al dilapidador de grandes sumas de dinero, al que viste de terno y corbata, ostenta autos de alta gama, vive en los barrios privilegiados de Quito o Guayaquil y frecuenta restaurantes en los que en cada visita paga lo que buena parte de la población gana en un mes o incluso en más tiempo, nada».

Encubrimiento del Estado

El investigador también expone que el gobierno de Guillermo Lasso podría revelar los nombres de los deudores, sin embargo mantiene su sigilo bancario. «Existe la pretensión de encubrir a los deudores de la CFN (…) desde el gobierno hay interés en que estos deudores no se vean sometidos al escrutinio público», expresa Basabe.

La respuesta del Ejecutivo ha sido «frenar el atraco a los recursos públicos y luchar contra la corrupción». A pesar de la campaña anti-corrupción que embandera el gobierno, se evidencia que la corrupción ha dejado sin recursos a todas las instituciones públicas.

La deuda ‘incobrable’ de la CFN supera los USD 600 millones, mientras hospitales públicos, escuelas y hasta el sistema carcelario carecen de los recursos para su correcto funcionamiento.

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