Quito, 29 dic (La Calle). – El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, enfrenta una investigación en Fiscalía y un juicio político en la Asamblea Nacional, luego de las amenazas y chantajes que habría realizado a la jueza Nubia Vera para que falle a favor del gobierno. La bancada Construye solicitó iniciar un enjuiciamiento político por vulneración al principio de independencia judicial, intimidación y amenazas.
¿De qué se le acusa?
Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, anunció el pasado 27 de diciembre que la Comisión de Justicia debería analizar un proceso de juicio en contra del presidente de la Judicatura, luego de que se ausentara a comparecer por las denuncias públicas de la jueza Nubia Vera, posterior a la audiencia donde falló a favor de la acción de protección presentada por la vicepresidenta de la República por el sumario administrativo que la suspendió 150 días de su cargo sin ningún asidero legal.
Vera, quien sí asistió a la convocatoria de la mesa legislativa, relató a detalle la serie de amenazas e intimidaciones que habría recibido por parte de Godoy y de sus asesores, previo a la audiencia donde desestimó la sanción imputada a la vicepresidenta vía sumario administrativo. Según la magistrada, el 17 de diciembre, el presidente de la Judicatura le entregó un pendrive en una funda de regalo donde constaba un documento borrador de cuatro hojas con la sentencia a favor del gobierno. Además, dijo que le habría mostrado chats con el presidente Daniel Noboa donde presionaba ejecutar esta decisión.
El 28 de diciembre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional avocó conocimiento de la solicitud de juicio contra Mario Godoy, por supuesta vulneración al principio de independencia judicial por intimidación y amenazas a la jueza Nubia Vera. La Unidad Técnica Legislativa tiene plazo de tres días para remitir los informes con el respectivo cumplimiento de requisitos. La Asamblea Nacional tratará este juicio junto al presentado en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por la desaparición forzada de los cuatro menores de edad en manos de las Fuerzas Armadas en Guayaquil.
Posterior a las denuncias públicas realizadas por la jueza, la Fiscalía General, de oficio, inició una investigación previa tras las denuncias de la jueza Nubia Vera. Sin embargo, el 23 de diciembre, el presidente de la Judicatura también presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía y una querella ante la Unidad Judicial Penal por supuestas calumnias. En medios de comunicación dijo que estas declaraciones son falsas y que no habría visitado a la jueza, a pesar de que en las redes sociales del Consejo de la Judicatura se indicó que el titular habría visitado las instalaciones.
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En un oficio enviado a la Comisión de Justicia de la Asamblea, Godoy justificó su inasistencia ante la mesa legislativa argumentando que interpuso estas demandas relacionadas con las acusaciones en su contra y que las investigaciones, actualmente bajo reserva, limitan su capacidad de comparecencia.
Amenazas previas por el fallo a contra de la vicepresidenta
Por cuarta ocasión, el pasado 18 de diciembre, la jueza Nubia Vera suspendió la audiencia por la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad. En la comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional indicó que esta decisión habría sido por el temor a las amenazas y represalias que habría recibido un día antes por parte del presidente de la Judicatura. Manifestó que, si bien llevó la audiencia, no quería emitir sentencia. “Me dijeron que destruirían mi carrera, que activarán los sumarios administrativos y que mi vida corría peligro si no cumplía”, aseguró.
Finalmente, la audiencia se llevó a a cabo el 23 de diciembre donde emitió su sentencia a pesar de las represalias que se iniciaron en su contra por parte del Ejecutivo.
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Mario Godoy y el director provincial, Henry Gaibor, habrían indicado que, de no conceder la acción de protección su fallo causaría “horrores en la confiabilidad con el FMI”, situación que provocaría que el organismo internacional no desembolse USD 11 millones destinados para pagos de sueldos en el sector público. Pero además de las amenazas, la jueza habría sido chantajeada para ser ayudada en el sumario administrativo que se habría inciado días atrás en el Ministerio del Trabajo.
