Quito, 09 nov (La Calle).- El ministro de Economía, Pablo Arosemena, sería uno de los personajes políticos que estaría en el ojo de la nueva Asamblea Nacional para un posible juicio político por incumplimiento de funciones.
“Cuando llegamos al poder el déficit fiscal era de 7.7 puntos del PIB. Cerraremos este año con un déficit del 2.5”, dijo el titular de la cartera de Estado a Teleamazonas a finales de septiembre.
Esta afirmación empezó a opacarse tras los hechos evidenciados en los últimos meses. En los primeros días de octubre salió a la luz una transferencia de USD 75 millones desde el Fondo Común Amazónico hacia la cartera de Estado que preside Arosemena.
La Presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía, Guadalupe Llori, aceptó que transfirió esa cantidad de dinero. Argumentó que es un “ejercicio económico” que la cartera de Estado y el Banco Central lo pueden hacer cuando haya déficit fiscal. Según ella, todo el dinero lo devolverá cuando se lo necesite.
Ante la situación, la asambleísta electa de Construye, Alexandra Castillo solicitó apoyo al Grupo Parlamentario Amazónico para llevar adelante el juicio político contra Arosemena. Este cuestionable »préstamo» no es el único que marca la gestión del jefe ministerial.
Deudas a los GADs
En las últimas semanas los Municipios, Prefecturas y GAD’s parroquiales han denunciado públicamente el incumplimiento de asignaciones económicas de octubre y septiembre por parte del Gobierno central.
El presidente de la Conagopare Pichincha, Andrei Iza, aclaró que las asignaciones presupuestaria a las que se refirió el Gobierno son las que se han entregado desde el 2015. La deuda con las juntas parroquiales de es de más de USD 31 millones. «Hay una gran falsedad. Están con los atrasos desde el mes de octubre del 2023», aseveró.
Por otro lado, la presidenta del Congope, Paola Pabón señaló que la deuda que mantiene el Estado con las Prefecturas sobrepasa los USD 563 millones.
De igual manera, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) reclamó el adeudamiento de alrededor de USD 512 millones. El plazo para pagar la deuda era hasta este 9 de septiembre, caso contrario saldrán a una movilización nacional.
Pese a las denuncias de las autoridades, Arosemena desconoció el adeudamiento de los dos últimos meses. Resaltó que este Gobierno es el que más ha hecho transferencias a los GAD’s.
Deuda a la educación
La Universidad de Cuenca se suma a las denuncias contra Arosemena. La institución expresó públicamente su reclamo al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas por el impago de los recursos asignados.
En un comunicado la universidad aseguró que la deuda alcanza los USD 2.892.548,27 millones ; recursos relacionados a becas, servicios de seguridad, vigilancia y limpieza, adquisición de insumos y materiales de laboratorio, e insumos académicos y de investigación.
#ComunicadosUCuenca l La Universidad de Cuenca manifiesta un reclamo público al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas por el impago de los recursos asignados.
— UCuenca (@udecuenca) November 8, 2023
Exigimos la atención inmediata a las obligaciones que mantiene el Gobierno con nuestra institución. pic.twitter.com/IS4MjFiM9q
¿Déficit fiscal?
Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el déficit fiscal del PIB en 2020 era del 7.13 %. Sin embargo, en el 2018 fue del 2.8 % y en el 2019 del 3.5 %, año en donde las condiciones económicas del país empeoraban.
El exministro de Finanzas, Simón Cueva, quien estuvo en funciones en los primeros años del gobierno de Guillermo Lasso, dejó un déficit de 3.5 % en el 2021 y aportó parcialmente a cerrar el 2022 con un -1.7 %.
Actualmente, la previsión para el 2023 es de -2.2 %, lo cual se traduce en USD 2.630 millones. El economista Segundo Camino prevé que incluso la cifra sea más alta, entre -3 % y – 3.5 %, es decir, más de USD 3 millones.
Otra cifra alarmante es la que emitió el Observatorio de la Política Fiscal que proyectó hasta USD 5 millones en déficit fiscal. Este monto se convertiría en una brecha que no permitiría cubrir gastos básicos, el pago de deudas pasadas, las transferencias al IESS y a los gobiernos locales. (AGM).
