Quito, 04 sept (La Calle).- La sentencia del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, dio la razón a los denunciantes Pamela Troya y Santiago Becdach sobre el cometimiento de una infracción electoral muy grave por parte de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por proselitismo político.
Augusto Verduga, Yadira Saltos, Marisol Párraga y Eduardo Franco Loor deberán pagar 70 salarios básicos unificados, serán destituidos de su cargo y perderán sus derechos políticos por cuatro años. Los consejeros podrán apelar a esta sentencia.
¿Qué dice la ley?
¿Cómo llegó a darse esta sentencia? El numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia dice que una infracción electoral muy grave es:
Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral
Según la Ley orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en el artículo 35, numeral 3 se indica que:
Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o candidata a consejera o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual será considerado infracción electoral, conforme la Ley.
El Consejo Nacional Electoral, se encargará de la promoción de los nombres, trayectoria y propuestas de cada uno de los candidatos y candidatas, en igualdad de condiciones y oportunidades. No se podrá recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo. El candidato o candidata que contravenga estas disposiciones será descalificado por el Consejo Nacional Electoral.
Los denunciantes entregaron como pruebas vídeos de la campaña en las Elecciones Seccionales 2023, donde aparecían los candidatos indicando su nombre y número de casilla acompañados por el expresidente Rafael Correa. Evidencia que el juez calificó como proselitismo político.
¿Qué dicen los implicados?
Para Yadira Saltos, la sentencia es de carácter político y no electoral. «Esta es claramente una sentencia política que no está basada ni en el derecho ni la justicia. Es una lástima que el país constantemente pierda en todos los sentidos. Hemos perdido jueces probos e imparciales», dijo en entrevista con Radio Pichincha.
Añadió que llegaron a las urnas de forma democrática y a servir a la ciudadanía. Sobre la sentencia, indicó que en ese momento, la ley de promoción electoral no tipificaba como proselitismo, las acciones que realizaron en la campaña en las redes sociales.
«No había inconveniente, los colores son universales y el juez lo dice en la sentencia. No había inconveniente de hacer entrevistas ante los medios de comunicación. (…) La sentencia tiene que ver con una sentencia electoral de supuesta utilización en las redes sociales. Esto no se encuentra ni en la ley electoral ni el reglamento para la promoción de consejero/as».
Por su parte, el denunciante Santiago Becdach, actual precandidato al Parlamento Andino por Construye, dijo que fue secretario en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el período de Fernando Villavicencio y que lo invitaron después de las elecciones al movimiento Construye.
«Nosotros nos dimos cuenta que como candidatos (al CPCCS) fuimos perjudicados porque una organización política con todo el dinero del mundo y andamiaje comunicacional hizo campaña por estos candidatos y por eso llegaron a tener la votación que tenían, solos no los conocen ni en su casa», expresó en una entrevista con Only Panas.
¿Qué pasará con los consejeros y el concurso de fiscal?
De acuerdo con Saltos, la destitución se da en un momento importante para el país por la designación de la fiscal General. «Es un momento crítico para la institucionalidad del país. Los tiempos están ya por vencer. Este viernes (06 de septiembre) tenemos que aprobar el nuevo reglamento (para la elección de fiscal). (…) Se piensa comprar un software para calificar los méritos del concurso de fiscal, hay temor y no quieren poner un nuevo fiscal, quieren manipular el concurso que demoraría mucho. Va a ser como el concurso de la Defensoría Pública. Quieren dejarlo en blanco y negro para poder elegir a su antojo con esta mayoría que está en el Consejo».
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, indicó que los consejeros trabajarán con normalidad hasta que el TCE les haga conocer la sentencia y se oficialice. La sesión de este 04 de septiembre se instaló una horas tarde con seis consejeros presentes, entre ellos, Yadira Saltos. El consejero Augusto Verduga no asistió a la sesión. (MIB)
