Paulina Mogrovejo / @pauli_mogrovejo
Abogada de Derechos Humanos
Después de la previsible destitución de la ex Ministra de Gobierno, María Paula Romo, dos hechos determinan la futura coyuntura política del país hasta mayo de 2021.
El primero es la designación en su lugar, del General de Policía en servicio pasivo, Patricio Pazmiño. El segundo, la propuesta del candidato de derecha, Guillermo Lasso, con respecto a la autorización a los ciudadanos de portar armas. “Los delincuentes sepan que si se atreven, van a recibir bala”.
Ambas circunstancias: nombrar a un policía como Ministro de Gobierno y promover el uso de armas de fuego, tienen un punto en común; la intención de construir identidad política a favor de un Gobierno en ruinas. De un candidato que no sube en las encuestas, apelando para el efecto al siempre confiable discurso de inseguridad.
Así, el repunte de la delincuencia, los sicariatos, la corrupción política, el crimen organizado, los femicidios, la ausencia de camas y medicinas para víctimas de COVID19, la crisis migratoria de venezolanos, la falta de empleo, las deudas con los Bancos, y otras circunstancias similares, sitúan a la ciudadanía en un estado de decepción, alarma, miedo y autodefensa.
Lejos de enfrentar estos graves problemas con soluciones democráticas y viables, el actual Gobierno y candidatos de derecha como Lasso, apoyado por su actual aliado, Jaime Nebot, adaptan sus discursos a lo que el filósofo argentino, Ernesto Laclau, definió como ‘significante vacío’.
Es decir, se apropian de uno o varios términos que son familiares, pero tan amplios que permiten cambiar su sentido. En este caso, la inseguridad es un significante vacío con el que la derecha ecuatoriana construye su discurso, asociándolo con las posturas antimigración venezolana, antiprogresismo, antiaborto, antifeminismo y antiderechos.
La derecha acomoda en su discurso la palabra seguridad y la redirige para justificar, por ejemplo, la designación de un policía como Ministro de Gobierno, los privilegios de la fuerza pública, el desfinanciamiento de la lucha contra la violencia machista, el veto total al Código Orgánico de Salud, la guerra jurídica contra opositores presentada como combate a la corrupción, la apología de la xenofobia y el fomento al uso de las armas de fuego para autodefensa ciudadana.
De manera que, el enfoque de gobernabilidad de Moreno, así como la línea de comunicación política del candidato Guillermo Lasso y otros tantos que forman parte de los binomios que se presentaran a las elecciones de 2021, se inscriben en lo que la filósofa belga, Chantal Mouffe, denomina ‘populismo de derecha’. Esta expresión se refiere a la estrategia de conectar con el pueblo o un segmento clave de este, apelando a la polarización política.
Para el efecto, serán muy útiles en esta batalla electoral, las redes sociales, líderes de opinión, haters, bots y trolls, fake news, y medios de comunicación social. Ellos permitirán que discursos antiderechos, xenófobos, machistas, racistas, homofóbicos, sexistas y neofascistas se amplifiquen, y de esta manera captar la atención de votantes clave. Tal como pasó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.
Sin embargo, el populismo de derecha no debe pensarse solo desde lo instrumental, sino también y sobre todo como una forma de construir sentido común que pone en peligro las instituciones democráticas.
Es decir, no sirve únicamente para las próximas elecciones, sino como proyecto político para transformar los sentimientos de inseguridad y decepción del pueblo, en un compromiso político a mediano y largo plazo, con el extremismo, neoliberalismo y la pospolítica.
Para enfrentar esta amenaza, como diría Mouffe, lejos de hacerle el juego a la derecha con un discurso anti-Estado, o restando importancia a las reivindicaciones de nuevos sujetos políticos como las mujeres, los pueblos y nacionalidades, entre otros. La nueva izquierda debe resignificar las instituciones liberales, desde una perspectiva agonística y con enfoque de derechos humanos.
Aquello implica avanzar hacia una democracia pluralista que incluya en la acción política, demandas que no solo sean económicas, o de consumo, sino que además consideren abierta y horizontalmente, aspectos de orden sociocultural y sociopolítico.
En consecuencia, la protección de derechos humanos y de la naturaleza, derechos colectivos, interculturalidad, igualdad de género, no violencia contra mujeres y niñas, derechos sexuales y reproductivos, paridad, derechos sociales y culturales, igualdad y no discriminación, entre otras demandas de los movimientos y organizaciones populares, deben formar parte de una agenda progresista colectiva que aliente la democracia sustancial en todas sus aristas.
