Quito, 19 jul (La Calle).– María Alejandra Muñoz, vicepresidenta designada por la Asamblea Nacional, trabajaba en Cervecería Nacional cuando un grupo de trabajadores demandaron a la empresa por el pago de utilidades en 2011. El hermano del secretario de la Corte Constitucional de esa época también se vio implicado por recibir dinero de la compañía.
La flamante autoridad trabajó como directora Corporativa, Legal y de Relaciones en Cervecería Nacional de diciembre de 2009 a junio de 2017. Estuvo a cargo de este caso en 2011.
La relación del caso tiene que ver con un fallo emitido contra Cervecería Nacional que disponía la detención de operaciones, por la falta de pago de utilidades a empleados. La cifra ascendería a USD 90 millones. La empresa apeló el fallo ante la Corte Constitucional, logrando dejar sin efecto la sentencia, así lo informaron medios nacionales en 2011.
Poco tiempo después, un asambleísta presentó la copia de un cheque por un millón y medio de dólares girado desde Cervecería al hermano del entonces secretario de la Corte Constitucional. La compañía explicó que lo había contratado como asesor sin tener conocimiento de su parentesco con el juez.
