Caso Rebelión: Juez agudiza persecución contra Paola Pabón

Quito, 31 ago (La Calle). – El Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana denunció este martes que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, pretende acusar a la prefecta Paola Pabón de solicitar asilo político.

“El Movimiento Compromiso Social por la #RevoluciónCiudadana denuncia a los organismos de DD. HH., medios de comunicación, ciudadanía que, sin pruebas, el Fiscal Santillán asegura que la prefecta habría solicitado asilo político. Basta de mentiras”, escribió la organización en sus redes sociales.

Pabón negó la acusación. “No he pedido asilo político, soy la prefecta; no voy a ir a ningún lado, estaré trabajando como hoy hasta el 2023. ¡Basta de persecución política!”, dijo.

La acusación

El fiscal Santillán indicó al juez que existe una alerta de información que textualmente dice: “Teniendo como antecedente que varias personas que se han encontrado cumpliendo medidas cautelares han aprovechado estas circunstancias para salir del país. Mediante FH, se tuvo conocimiento de que la señorita Paola Pabón, prefecta de Pichincha, estaría realizando acercamientos con la Embajada de México para obtener asilo político”.

En el documento solicita que la Fiscalía actúe y señale día y hora para que las medidas sean revisadas en audiencia, oral reservada y contradictoria, lo que podría derivar en una nueva prisión preventiva para Pabón, como ella señala. “Nuevamente buscan encarcelar a la prefecta de Pichincha. El fiscal Santillán con pretextos ridículos solicita se señale día y hora para cambiar la medida cautelar que tengo”, dijo.

Caso Rebelión

El pasado 27 de agosto, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor llamó a juicio a Pabón, al exasambleísta Virgilio Hernández, y a Christian González por el presunto delito de rebelión.

La Fiscalía decidió procesar a los tres ciudadanos por presuntamente participar activamente en el paro nacional de octubre de 2019. El delito consta en el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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