Quito, 02 dic (La Calle). – El Pleno de la Asamblea Nacional discute este jueves el informe de la investigación de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso Pandora Papers. El secretario del Legislativo lee el informe íntegro antes del debate.
La Comisión explica en su informe una explicación cronológica del conglomerado de empresas MultiBG de propiedad de la familia Lasso – Mendoza y Lasso – Alcívar. Los Pandora Papers documentan, además, la relación que Lasso tuvo con once entidades de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware (EE. UU.). Todas fueron canceladas, algunas antes de que se aprobara la ley de 2017.
De acuerdo con la investigación de Pandora Papers, “Lasso ha tenido vínculos con diez compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware (estos dos últimos están en Estados Unidos de América) y considerados paraísos fiscales”.
Banco de Guayaquil
La Comisión realizó una investigación de la historia del Banco de Guayaquil y encontró que en 1994 se traslada a una offshore llamada Andean Investment que se liquidó en 2011. El conglomerado MultiBG, ese mismo año tiene el 78.71% de las acciones del Banco de Guayaquil. La familia Lasso posee el 90.2% de las acciones del grupo.
MultiBG
Entre las conclusiones del conglomerado están que la mayor parte de responsabilidad se asienta en Guillermo Lasso Mendoza. “Maneja él solo cerca del 40% de las acciones de la Corporación MULTIBG S.A., mientras que el resto de su familia, incluida su esposa e hijos, manejan el 50% restante”.
La actividad fiscal de MultiBG también deja muchos vacíos, ya que existen miembros que nunca han reportado pago de impuesto a la renta. Solo en 2015 aparecen pagos de impuesto de MultiBG, pero únicamente 19 de 59 empresas pagan impuesto a la renta. Lo mismo en los años siguientes. Algunos miembros del grupo como María de Lourdes Alcívar Crespo, esposa del presidente nunca han tributado.
Responsabilidad política
La Comisión consideró que el presidente Lasso tiene responsabilidad política en este caso. En primer lugar por incumplir el pacto ético 2017 al ejercer hasta la actualidad dominio indirecto sobre sus empresas offshore. También por el conflicto de intereses en el proyecto de ley de reformas tributarias (Ley de Oportunidades) por plantear la eliminación del impuesto a la herencia y la creación del impuesto a la regularización de activos en el Ecuador.
En las recomendaciones se solicita al Pleno determinar la inobservancia por parte del Presidente de la República al Pacto Ético que se aprobó por Consulta Popular en 2017. Además de solictar que se apruebe un exhorto para que en el plazo de ocho días, el mandatario acuda a responder las preguntas de los legisladores y comparezca.
El Pleno debatirá el informe en la sesión del 7 de diciembre a las 15:30.
