Quito, 18 ene (La Calle).- Luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara la posible exportación 1.500 presos a su lugar de origen, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Arana, comentaron que ya trabajan de manera coordina para cumplir este proceso.
El director del Instituto Penitenciario, Javier Llaque, comentó que los reclusorios peruanos albergan cerca de 162 ecuatorianos a nivel nacional. Según la autoridad, 15 de ellos pertenecerían a la banda delictiva «Los Tiguerones«. Mientras que, en los centros penitenciaros del país estarían aproximadamente 100 sujetos peruanos.
Las autoridades mencionaron que mantienen diálogos y se encuentran en las primeras coordinaciones con los agentes y responsables ecuatorianos. «Hemos brindado el apoyo legal y a nivel nacional con la Policía Nacional de Perú y Cancillería a Ecuador», expresó el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
Boluarte indicó que la deportación deberá seguir un proceso adecuado para no arriesgar la seguridad de ninguna de las partes. Recalcó que no es un proceso sencillo, pero realizan las labores de prevención para evitar cualquier acción penal.
Un preámbulo al asunto
Luego de la ola de inseguridad que se desató en el país, el presidente comentó que deportará a 1.500 presos en con el afán de reducir el hacimiento en los reclusorios.
Noboa señaló que con los acuerdos de tratados internacionales es posible expulsarlos y dejarlos en fronteras. «Allí les podemos decir muchas gracias, quédense por allá«, resaltó.
El artículo 61 del Código Integral Penal (COIP) detalla que las personas extranjeras que hayan cometido algún tipo de delito con una sentencia ejecutoriada de cinco años tendrán prohibido el regreso al territorio por diez años.
Si la persona es encontrada en la frontera, puerto, aeropuerto en cualquier otros lugar que le permita ingresar al país, será expulsada por la autoridad policial. Además, se expone a que el tiempo de prohibición de ingreso se computarice en un nuevo plazo.
