Quito, 10 jun (La Calle).- Agentes fiscales allanaron en la madrugada de este 10 de junio la residencia de la jueza Nubia Vera, en Quito, como parte de la investigación denominada «Caso Mueble Fino». La diligencia se realiza tras una denuncia por el delito de concusión, que implica la presunta exigencia ilegal de beneficios económicos por parte de un funcionario público.
Según el Fiscalía, la magistrada habría solicitado «dádivas, incluyendo muebles de alto valor, así como dinero, a cambio de favorecer a un ciudadano en un proceso judicial bajo su competencia». El organismo judicial indicó que el operativo permitió recabar «indicios relevantes» para la investigación.
La jueza Vera adquirió notoriedad en diciembre de 2024 al otorgar una acción de protección que restituyó a Verónica Abad en la Vicepresidencia de la República. Ese mismo día, Vera denunció presiones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que fallara en contra de Abad –acusación que derivó en una demanda por calumnia en su contra.
Defensa alega persecución política
Washington Andrade, abogado defensor de Vera, . «La Fiscalía continúa su rol de hostigar a quienes considera opositores al Gobierno», declaró, añadiendo que las denuncias se sustentan en «pruebas deformadas y forzadas». Andrade vinculó la acción con el «Caso Pendrive» –investigación contra Godoy– que, según él, evidenciaría vínculos entre el poder político y el control del Consejo de la Judicatura (CNJ).
«Prometieron destruirla y cumplen sus amenazas con complicidad de medios», afirmó. Además manifestó que el apodo «Mueble Fino» refleja burla hacia su defendida. Andrade aseguró que Vera ha colaborado con las investigaciones pese a la «velocidad inusitada y desesperada» para procesarla.
El delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del COIP, conlleva penas de 3 a 5 años de prisión, elevables a 7 años si media violencia o amenazas. Se configura cuando un servidor público exige, abusando de su cargo, pagos o beneficios indebidos. La investigación continúa en desarrollo mientras la defensa insiste en un patrón sistemático para silenciar a la jueza por su actuación en casos de alto perfil político.