Quito, 04 mar (La Calle). – La llegada de vacunas contra la pandemia del coronavirus en Ecuador ha sido lenta: 73.582 dosis hasta el 3 de marzo. La tardanza se ha combinado con el mal manejo por parte del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien renunció el 26 de febrero. Lo hizo «dada la situación política actual y con el fin de posibilitar la continuidad» del plan de vacunación, según afirmó.
Su salida del gobierno llegó un mes después del escándalo que se desató luego de que se difundiera que algunos de sus familiares. Entre ellos estaba su madre, se habían vacunado sin estar en la lista de personas priorizadas para la denominada fase cero del plan de vacunación. Esa noticia se unió a la existencia de una lista de funcionarios y figuras públicas que también se habían vacunado. Todos sin estar entre quienes debían inmunizarse en el primer momento.
Zevallos fue reemplazado por Rodolfo Farfán. El gobierno anunció el 3 de marzo el comienzo de la fase uno, donde debería vacunarse el personal de salud no incluido en la fase cero, policía y fuerza pública, docentes, población vulnerable. A ellos se suman personas de la tercera edad, personal de recolección de desechos y personal de sectores estratégicos.
La situación se mantiene así, con una evolución lenta e incierta en un país que ha sido particularmente golpeado por la pandemia. Ante esa crisis han surgido iniciativas para intentar dar respuestas a la población; en particular desde gobiernos locales o regionales, como el caso de la prefectura de Pichincha, provincia donde se encuentra la ciudad de Quito.
Cada fin de semana, la gobernación despliega un operativo de salud en diferentes partes de la provincia para prevenir contra la pandemia. «Desde octubre del año pasado decidimos salir a los territorios a ofertar nuestro sistema de salud de forma gratuita», explica la prefecta Paola Pabón.
Los operativos itinerantes
Keina Maigua es presidenta de Pichincha Humana, «el brazo de salud del gobierno de la provincia de Pichincha». Ella despliega actividades semanalmente, en particular en «aquellos sectores en donde presentan mayores índices de contagios, requerimiento de atención para medicina general».
La prefectura dispone de carpas y vehículos con los cuales desplaza el operativo de un punto al otro de la provincia. La iniciativa de realizar las actividades nació de dos razones principales:
- La falta de respuesta del gobierno nacional.
- y, como cuenta Pabón, el hecho de que «la gente dejó de asistir a los subcentros de salud y a los hospitales por miedos a tener un contagio»
Los subcentros de salud, a diferencia de los hospitales, pertenecen a la prefectura, son once en total. En San Antonio, donde viven 65.000 personas y se desarrolla la jornada, existe uno, pero, ante la situación, resulta insuficiente: «tenemos solo un subcentro de salud, que no abastece porque San Antonio está en un punto intermedio, donde la mayor parte de moradores de las diferentes parroquias acuden aquí, hacen uso del centro médico», explica el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado, Mario Cevallos.
La falta de infraestructura de salud es producto, según Pabón, de las políticas que tomó el gobierno de Lenin Moreno, que dejará la presidencia el 24 de mayo:
Así, cuando llegó el coronavirus, tuvieron que «enfrentarlo con despidos de médicos, enfermeras, no hubo la capacidad de responder a la pandemia y ha hecho que haya una crisis en el sistema de salud pública».
Fuente: SputnikNews
