Quito, 28 mar (La Calle).- La crisis en el sistema de salud se profundiza debido a las deudas acumuladas por el gobierno con hospitales y centros de diálisis, poniendo en grave riesgo a miles de pacientes renales en el país. La empresa Nefrocontrol S.A., representante de la multinacional Fresenius Medical Care en Ecuador, anunció la suspensión de la entrega de productos y servicios a crédito debido a la falta de pago, lo que podría afectar a más de 24.000 personas con insuficiencia renal.
En un comunicado oficial, la empresa explicó que la decisión responde a una deuda que se ha prolongado por más de un año y al agotamiento de los esfuerzos por sostener la prestación de servicios sin recibir los pagos correspondientes. “El monto y la antigüedad de la cartera vencida son críticos, por lo que mantener el financiamiento se vuelve insostenible para nuestra organización”, señaló indicó en un comunicado. A pesar de esta medida, la compañía manifestó su disposición a buscar soluciones caso por caso para minimizar el impacto en los pacientes.
Denuncias desde las clínicas de diálisis
Cristina Freire, vocera de las clínicas de diálisis, denunció la falta de recursos para la atención de los pacientes renales mientras el gobierno asigna fondos a otros sectores.
“El Estado debe 200 millones de dólares a las clínicas de diálisis. Dicen que no hay dinero para los tratamientos, pero sí para bonos electorales como el que se otorgará a policías y militares”, criticó en entrevista para La Defensa. Según Freire, cerca de 5.000 trabajadores del sector han dejado de recibir sus salarios por meses debido a la falta de pago estatal.
Freire también destacó que el personal sanitario de los centros de diálisis enfrenta una situación crítica, ya que muchos han tenido que recurrir a fundaciones para conseguir insumos. “Hay entre 3.000 y 3.500 especialistas en nefrología, cardiología, nutrición y psicología afectados, además de camilleros y licenciados en enfermería. También hay al menos 1.000 personas más que forman parte del personal administrativo y de apoyo, todos trabajando en condiciones precarias”, añadió.
Desabastecimiento de medicamentos en hospitales
El desabastecimiento de insumos médicos se ha convertido en una problemática recurrente en los hospitales públicos del país. Diego Jimbo, representante del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, alertó que la escasez de medicamentos ha llegado a niveles críticos y que, en algunos casos, los hospitales se ven obligados a prestarse medicinas entre sí para ocultar la falta de abastecimiento. “Ahora ni siquiera hay medicamentos que cuestan 10 o 20 centavos”, denunció.
Durante una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 20 de marzo, Jimbo reveló que un delegado del Ministerio de Economía aseguró que hay USD 226 millones destinados a la compra de medicamentos. Sin embargo, el Ministerio de Salud solo ha ejecutado USD 29 millones de ese presupuesto. “Eso de que no hay plata no es verdad”, subrayó, cuestionando la ausencia de representantes del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la reunión.
Crisis en el Hospital Monte Sinaí de Guayaquil
La falta de pagos también ha repercutido en la seguridad de los hospitales. En el Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, los guardias de seguridad abandonaron sus puestos debido a atrasos en sus sueldos de hasta tres meses. La empresa Líder Seguridad, encargada del servicio, adeuda a 84 vigilantes, quienes decidieron retirarse ante la falta de respuestas.
“Sin utilidades, sin décimos, sin nada. Teníamos que trabajar tres días de mañana, tres días de noche y dos días libres. Solo vinieron el día que recibieron el contrato y de ahí desaparecieron”, denunció uno de los guardias afectados a Ecuavisa.
Esta situación ha generado alarma, especialmente por la presencia de internos con antecedentes penales en la casa de salud y la falta de control en los accesos. Desde la tarde del 26 de marzo, las dos garitas de ingreso al hospital han permanecido desprotegidas. Familiares de los pacientes han manifestado su preocupación por la falta de vigilancia, lo que incrementa la vulnerabilidad del establecimiento.
Ante la ausencia de los guardias, las autoridades del hospital activaron el Código Plata, un protocolo de emergencia utilizado cuando ingresa un paciente con heridas de bala y se requiere resguardo policial. Sin embargo, la medida no ha sido suficiente para tranquilizar a médicos y pacientes, quienes temen por su seguridad.
A la crisis de seguridad se suma la incertidumbre sobre el servicio de alimentación en el hospital. En redes sociales se denunció la suspensión del servicio debido a una deuda de seis meses con la empresa proveedora. Aunque posteriormente se informó que el servicio se mantiene de manera parcial, la falta de claridad sobre el abastecimiento de alimentos ha generado preocupación entre pacientes y familiares.
Ausencia de respuestas del Gobierno
El Ministerio de Salud Pública no ha emitido un pronunciamiento sobre la falta de pago a los centros de diálisis, la escasez de medicamentos o la crisis en el Hospital Monte Sinaí. La falta de respuestas ha generado indignación entre pacientes, familiares y trabajadores del sector sanitario, quienes exigen soluciones urgentes.
Organizaciones de la sociedad civil y expertos advierten que, de no tomarse medidas inmediatas, la crisis en el sistema de salud podría agravarse, poniendo en peligro la vida de miles de ecuatorianos. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor continúan creciendo en un sector clave para la atención de enfermedades crónicas y catastróficas en el país.