Quito, 19 mar (La Calle). – La empresa Furukawa intentó demoler otro campamento en el kilómetro 30 de la vía Santo Domingo – Quevedo, vulnerando a personas de la tercera edad, niños y niñas.
La empresa intenta acusarlos de invasores de estas tierras en las que los trabajadores cosechan abacá. Entre el 18 y 19 de marzo, la Policía Nacional amedrentó a las personas para que abandonen este espacio. En estos territorios también habitan los trabajadores.
El Gobierno encubre los hechos
Guardias, funcionarios de la empresa y agentes de la Policía, acompañados del exviceministro de Agricultura y actual gerente de la empresa, Byron Flores, atemorizan a los trabajadores.
El Gobierno encubre este tipo de violencia a pesar de los informes de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, las comunicaciones conjuntas de Relatores de Naciones Unidas y la reciente Resolución Judicial Constitucional.
Las víctimas piden a la Defensoría del Pueblo las garantías jurisdiccionales para proteger a cerca de 172 empleados. Ellos, desde hace varios años, aún exigen justicia y reparación.
Son mil personas que trabajan y viven en las 23 haciendas que tiene Furukawa en Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas.
Furukawa, la esclavitud moderna
El informe final de la Defensoría del Pueblo del “caso Furukawa” alerta sobre la continua situación de esclavitud moderna que sufren los trabajadores. Los abacaleros en las haciendas de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones del Ecuador sufren omisiones de parte del Estado.
“El Estado ecuatoriano ha incumplido sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos de las y los trabajadores de la empresa Furukawa, afectando la vida digna, la prohibición de esclavitud, la integridad personal, la identidad, la familia y el interés superior del niño, por la omisión de control adecuado de parte de las autoridades respectivas”, reza el Resumen ejecutivo del Informe del caso.
