Quito, 13 dic (La Calle). – La asambleísta del ala rebelde de Pachakutik (PK-r), Mireya Pazmiño solicitó la suspensión legislador, Fernando Villavicencio por 30 días. La acusación gira en torno al incumplimiento de plazos en la entrega del informe de Fiscalización sobre el juicio político de los consejeros del Cpccs.
El memorándum fue emitido el 1 de diciembre para su posterior análisis en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). La queja de Pazmiño se sustenta en los plazos establecidos en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
“Vencido el plazo de quince días señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político deberá remitir, en el plazo de cinco días, a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, un informe que detalle, motivadamente, las razones por las cuales archivó el trámite o la recomendación de juicio político”, dice el apartado en cuestión.
Por este motivo, requirió al CAL la sanción correspondiente por haber incurrido en la falta contemplada en el artículo 170 de la normativa del Legislativo. Dicho artículo, califica como falta administrativa grave incumplir los procedimientos y exceder los plazos en los informes para los debates del Pleno Legislativo.
Antecedentes
La Comisión de Fiscalización, presidida por Villavicencio, convocó a los siete consejeros investigados en ese momento para que ejerzan su derecho a la defensa. La mesa parlamentaria tenía un determinado plazo para presentar el informe, sin embargo, no llegaban a consensos. Por ende, pidieron una prórroga de cinco días en el marco de lo que dicta la LOFL.
Luego de ese tiempo, no se presentó el escrito porque no alcanzaron los votos para su consolidación. A pesar de que el plazo se venció, la Comisión pidió la reconsideración y emitió un informe que “jurídicamente ya era inexistente”, dijo el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, en entrevista para Radio La Calle.
La réplica de Villavicencio
Villavicencio no se pronunció respecto al incumplimiento de plazos en los informes de fiscalización, sino en los supuestos errores en la solicitud de Pazmiño. Según el legislador, el art. 170 en el que se basa la acusación, corresponde a plazos en los informes de proyectos de ley, más no a juicios políticos. “Una vez más el CAL busca suspenderme sin norma expresa”, resaltó. (A.G.M).
