Pamela Benalcázar Villaba
Quito, 8 mar (La Calle).- A través de un comunicado, la organización feminista Surkuna, exigió al primer mandatario actuar bajo los estándares de derechos humanos. Esto, en vista de que la Asamblea Nacional no acató las normas de organismos internacionales para la interrupción voluntaria del embarazo.
Asimismo, exhortaron al presidente a “ceñirse a la sentencia de la Corte Constitucional para eliminar los plazos para el acceso a la interrupción del embarazo”, con el fin de que se garantice efectivamente el acceso a la salud en condiciones de dignidad y seguridad, pues si se mantienen los plazos, se “condena a la clandestinidad y muerte a las más vulnerables”.
Este 8 de marzo, Surkuna denunció que la Asamblea Nacional no ha legislado conforme a los decretos de la Corte Constitucional pues al “establecer un régimen de plazos altamente restrictivo, que ignora el derecho internacional, obstaculiza el acceso a la interrupción del embarazo por parte de las mujeres (…) víctimas de violencia sexual”.
En abril del 2021 se despenalizó el aborto en casos de violación, no obstante, en febrero de este año la Asamblea se pronunció y estableció que las niñas, adolescentes y otros grupos vulnerables pueden acceder a este derecho hasta las 18 semanas de gestación y las mujeres mayores de 18 años hasta las 16.
Uno de los pilares constitucionales en Ecuador es la gobernabilidad bajo la figura de un estado laico, es por ello que el colectivo invita al presidente a no dogmatizar este derecho y co-legislar “con base a su conciencia”, así como a responder a las necesidades y realidades concretas de las víctimas de violación.
Desde la visión de Virginia Gómez, de la Coalición Nacional de Mujeres, la Ley de Aborto por Violación tiene plazos “muy restrictivos” y vulnera la jerarquización de derechos de las mujeres violadas, por ello, aseguró que su aplicación sería inconstitucional.
