Quito, 31 dic (La Calle). – A pocas horas de finalizar el año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) presentaron el «Procedimiento para la denuncia de la violencia política de género».
Diana Atamaint, presidenta del CNE, ratificó su «compromiso de combatir y erradicar la violencia política contra las mujeres y generar condiciones que encaminen a la construcción de un pacto social por la equidad».
El Código de la Democracia define este tipo de violencia como la “agresión de personas o grupo de personas, directa o indirectamente, contra las mujeres candidatas militantes, electas, designadas, o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia”.
Un estudio de la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres registra que en Ecuador, más del 60% de mujeres han sufrido violencia política de género.
La sanción
“La pena que se impone a estas agresiones, que constituyen violencia política de género y a todos sus infractores va desde USD 8.400 a USD 28.000”, aseguró Arturo Cabrera, presidente del TCE.
La Asamblea Nacional decidió que la sanción no será solo económica, sino que implique una destitución del cargo y/o los derechos de participación política durante cuatro años. Cabrera aseguró que esta es la “parte más disuasiva de las sanciones”.
El Código de la Democracia determina 13 tipos de violencia política de género que implica. Estas causales son: femicidio, agresión física, agresión sexual, acoso sexual, amenazas, calumnias o injurias, limitación de atribuciones, impedimento de acceso a información, destrucción o falsificación de documentos, no asignación de recursos, divulgación de información personal, descalificación y discriminación.
