Quito, 5 jun (La Calle).- El senador Miguel Uribe del partido Centro Democrático presentará una denuncia contra el presidente de Colombia Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por los presuntos actos de corrupción en su Gobierno.
El viernes 2 de junio Petro anunció la de su jefa de gabinete, Laura Sarabia, y del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, tras la filtración de unos audios comprometedores.
“Denunciaré a Gustavo Petro penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Convoco a la ciudadanía a respaldar las instituciones y movilizarnos en una marcha nacional el 18 de junio. Gustavo Petro nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo”, dijo Uribe en un tuit.
La polémica desatada afecta al mandatario colombiano porque se trata de sus colaboradores más cercanos.
Detalles del caso
En los audios filtrados, se escuchó como el exdiplomático hablaba sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Petro. Resaltó que él logró conseguir alrededor de 15.000 millones de pesos.
Por otro lado, acusó al exministro Alfonso Prada y su esposa, a quienes señala supuestamente de haberse “robado” el Ministerio del Interior. Ante esta evidencia, el exfuncionario denunció a Benedetti para que sea investigado por calumnia.
La investigación ya está en manos de Fiscalía y también pasará el filtro del Consejo Nacional Electoral (CNE) para determinar el origen del dinero utilizado.
¿Cómo surgió la investigación?
La indagación al funcionario surge a raíz del robo de un maletín con USD 7 mil dólares en la casa de Sarabia, en donde la exniñera de la funcionaria Marelbys Meza era la principal sospechosa. Cabe recalcar que Meza ya tenía antecedentes de supuesto robo mientras trabajaba para Benedetti.
Ante la situación, la exjefa de gabinete despidió a la trabajadora, quien luego la acusó de secuestrarle e interceptarle el teléfono para imputarle un presunto delito.
A raíz de esta investigación, el fiscal general, Francisco Barbosa, denunció que la investigación de este caso generó un sistema judicial paralelo. Señaló que la interrogación a Meza fue ilegal.
Agregó que agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijin), habrían pedido de manera irregular a un fiscal del departamento del Chocó una orden para interceptar el teléfono de Marelbys Meza haciéndola pasar por integrante del Clan del Golfo, una banda criminal al servicio del narcotráfico. (A.G.M)
