Por: Sebastián Tamayo Villarroel
Twitter: @tamayo95se

Quedan ocho meses para las elecciones presidenciales de 2021 y las fuerzas políticas apresuran sus jugadas. Desde el oficialismo se acentúan las pugnas internas entre el bloque de Alianza País (AP) en la Asamblea, los Ruptura desde el Ejecutivo y un banquete de la partidocracia en las demás Funciones del Estado. Entre los objetivos, presumo, está minimizar más la incidencia de los que quedan en el movimiento Alianza País, eliminar la personería jurídica del movimiento Fuerza Compromiso Social y negociar con los socios políticos.

Desde los sucesos de octubre de 2019, observamos el actuar de la Fiscalía ante los hitos coyunturales. Recordaran el “Caso Rebelión” que a fin de cuentas no demostró nada, por el contrario, marcó un precedente de la lógica coercitiva de la FGE.

Efecto de los presuntos casos de corrupción durante la emergencia sanitaria, otro hito coyuntural, crearon la Fuerza de Tarea para coartar a sus aliados, entre ellos, los Bucaram, Daniel Salcedo, Daniel Mendoza y el socialcristianismo con la Prefectura del Guayas. Luego apareció el caso “Arroz Moreno” en el que vincularon los nombres de Gustavo Baroja, Mónica Castillo, Jorge Wated, Eduardo Mangas, entre otros personajes cercanos a la distopía de Alianza País.

En el CNE la tensión no disminuye. La Contraloría predeterminó responsabilidades administrativas con destitución y multa para Diana Atamaint y dos vocales más. El motivo: no cumplir con algunas recomendaciones, entre ellas, eliminar la personería jurídica al movimiento Fuerza Compromiso Social. Dos días después de la notificación de la Contraloría, la Fiscalía llamó a rendir versión a Diana Atamaint por presunto tráfico de influencias.

En efecto, la fuerza de tarea no solo “combate la corrupción”, también facilita la negociación entre el poder político y los diversos actores en términos coercitivos.