Quito, 03 ene (La Calle).- Según un comunicado emitido por la bancada oficialista, varias fuerzas políticas de la Asamblea estarían impulsando una estrategia para obligar al presidente Daniel Noboa a tomar licencia para hacer campaña electoral.
El oficialismo calificó esta acción como ilegal y advirtió sobre posibles delitos de usurpación y simulación de funciones públicas. Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a lo que consideran un intento de desestabilizar al gobierno. “Defenderemos al Ecuador bajo el amparo de la ley”, señaló.
Por su parte, la bancada de Construye anunció que presentará una resolución en el Pleno Legislativo el 4 de enero, exigiendo que el presidente Noboa solicite licencia para participar en la campaña electoral. La iniciativa también busca que el Consejo Nacional Electoral (CNE) garantice igualdad de condiciones para todos los candidatos y fiscalice el uso de recursos públicos durante el proceso electoral.
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, convocó a una sesión virtual del Pleno para tratar las licencias sin remuneración de asambleístas candidatos y debatir la posibilidad de que Noboa solicite una licencia. La reunión está programada para las 19:00 del sábado 4 de enero.
Normativa electoral y solicitudes de licencia
De acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia, los dignatarios que buscan la reelección deben tomar licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral. Hasta ahora, 80 asambleístas de diversas bancadas han solicitado este permiso. Sin embargo, la coalición oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) inicialmente se opuso, basándose en un fallo de la Corte Constitucional de 2010 que eximiría a algunos dignatarios bajo el contexto de la “muerte cruzada” de esta obligación.
El plan B de Noboa
La disputa entre el presidente Noboa y su exvicepresidenta Verónica Abad también contribuye a la crisis. Noboa designó temporalmente a Sariha Moya como vicepresidenta, alegando que Abad habría incumplido sus funciones al no asistir a una misión oficial en Turquía. La segunda mandataria tenía que viajar hasta el 27 de diciembre.
Abad calificó esta acción como inconstitucional y acusó al presidente de buscar impedir que asuma la presidencia durante el periodo de campaña.
