Quito, 03 sept (La Calle).- La bancada oficialista buscaría la destitución de los legisladores que voten en contra de acatar una sentencia judicial que ordena volver a tramitar los juicios políticos de tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso.
Con 87 votos afirmativos, 37 negativos y 5 abstenciones el Pleno de la Asamblea resolvió no acatar la orden del juez Edgar Salazar para retomar los juicios políticos contra los exfuncionarios de Gobierno. Asimismo, se solicitará al Comité de Ética que inicie procedimientos administrativos contra Inés Alarcón y Xavier Jurado.
“Vamos a accionar contra los asambleístas que no acaten la acción de protección”, dijo la asambleísta Valentina Centeno, quien a su vez resaltó que el incumplimiento de la decisión judicial podría desembocar en una destitución.
Los juicios políticos en contra del exministro de Economía, Pablo Arosemena; la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo; y el exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, fueron archivados debido al retiro de firmas de respaldo a estos procesos impulsados por el oficialismo.
Esta acción adelantó las diligencias en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior, Mónica Palencia. La legisladora Centeno aclaró que »bajo ningún concepto» esta acción de protección busca que no se fiscalice el trabajo de los funcionarios del Gobierno.
Por su parte, la asambleísta Inés Alarcón, quien interpuso la acción de protección para retomar estos juicios políticos, argumentó que existió una vulneración de derechos y que nunca le llegó la notificación del retiro de firmas.
El oficialismo se queda solo
El pasado 22 de agosto el secretaria de la Asamblea, Alejandro Muñoz, anunció que el órgano Legislativo no acatará dicha sentencia. Asimismo calificó a esta decisión judicial como un hecho de »corrupción» y desde el Parlamento solicitarán la destitución del juez Edgar Salazar, quien admitió la acción de protección de Inés Alarcón.
El funcionario aclaró que no pueden acatar esta resolución ya que estarían incumpliendo una sentencia aún mayor de la Corte Constitucional, que manifiesta que la justicia no debe ser tomada para resolver conflictos de naturaleza política. Ante estas declaraciones, el oficialismo interpuso una demanda contra Muñoz por el presunto delito de usurpación de funciones.
El Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (RC) y Construye expresaron su respaldo al Secretario del Legislativo. La parlamentaria Paola Cabezas señaló que solo la Corte Constitucional puede destituir a una asambleísta, más no el poder judicial. (AGM).
