Quito, 14 ene (La Calle).- El Ejecutivo defendió ante la Corte Constitucional la decisión del primer mandatario y candidato a la reelección, Daniel Noboa, de ausentarse temporalmente de sus funciones entre el 9 y el 12 de enero por «fuerza mayor».
Según un documento firmado por el secretario jurídico de Presidencia, Stalin Andino, la medida se tomó debido a una «situación compleja» generada por actores políticos, lo que llevó al jefe de Estado a optar por una «ausencia temporal por fuerza mayor» en lugar de solicitar una licencia sin sueldo, como establece el Código de la Democracia.
Acción de inconstitucionalidad
La Corte Constitucional está evaluando una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Gabriel Pereira Gómez, quien impugnó el Decreto Ejecutivo 500, emitido el 7 de enero. A través de dicho decreto, Noboa encargó temporalmente la Presidencia de la República a su secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert.
El abogado demandante cuestiona la legalidad de la decisión, argumentando que se vulneran los artículos de la Constitución relacionados con las causales de cesación de funciones del presidente, especialmente el artículo 145. Sin embargo, el Gobierno defiende que la medida no constituye una infracción electoral.
Justificación del Gobierno por «fuerza mayor»
En la respuesta presentada ante la Corte Constitucional, el Gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, señaló que Noboa, en su calidad de presidente, mantiene una responsabilidad política y democrática con sus seguidores. La administración resaltó que la situación política del país, marcada por una crisis interna, hizo necesario que el mandatario continuara con el ejercicio de su cargo sin dejar de lado su proyecto de reelección.
Además, se explicó que el presidente no tenía la obligación constitucional de solicitar una licencia para participar en actividades proselitistas, y que Noboa tomó medidas para garantizar que su participación en la campaña no implicara el uso de recursos públicos. Según el Ejecutivo, la decisión se ajustó a lo dispuesto por la ley.
Controversia por actividades de campaña
El Decreto Ejecutivo 500 se enmarca dentro de un periodo electoral de gran tensión. Noboa utilizó los días de ausencia para recorrer varias provincias del país, participando en caravanas móviles y eventos junto a su esposa y la candidata a la Vicepresidencia, María José Pinto, entre otros miembros de su entorno político.
Sin embargo, un evento «espontáneo» el 5 de enero, en el que un grupo de ciudadanos se reunió en Quito en defensa de la democracia, desató controversia. Aunque el presidente no organizó el acto, sí saludó a los asistentes y ofreció breves declaraciones. La cobertura mediática del evento generó críticas, ya que algunos sectores consideraron que el acto podría interpretarse como un acto de proselitismo.
«En el primer día de la campaña electoral, que coincidió con ser un día de fin de semana, el Presidente de la República se encontraba en su residencia en el Palacio de Carondelet, como es habitual (…) Ante esta situación, y por cortesía, el Presidente de la República saludó a la ciudadanía, y dedicó unas pocas palabras enfocadas en la defensa de la democracia, más nunca incitó al voto», señala el documento.
Espera por el fallo de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el Decreto Ejecutivo 500 y las justificaciones presentadas por el Gobierno. Este fallo es clave, ya que podría establecer un precedente en la interpretación de la Constitución y el Código de la Democracia, especialmente en relación con las ausencias temporales del presidente durante un proceso electoral.
