Quito, 24 may (La Calle) .- El presidente Daniel Noboa presentó su informe a la nación destacando sus avances en seguridad y economía durante sus seis meses de gestión ¿mito o verdad?
«Estamos limpiando lo que embarraron los del pasado (…) a pesar de la deuda y del sabotaje», dijo el mandatario en su discurso.
A las 11h00 el Pleno de la Asamblea Nacional recibió al jefe de Estado, quien caminó al Palacio Legislativo junto a una multitud de simpatizantes con figuras de cartón. En su intervención, Noboa subrayó la intensificación de la lucha contra la inseguridad desde el 9 de enero de 2024, tras decretar el estado de excepción y designar un conflicto armado interno.
Seguridad: Operativos y Resultados
El mandatario informó que, desde el inicio de su mandato, se han ejecutado 126.251 operativos y 151 intervenciones en cárceles. Según el video presentado, hubo una reducción del 27 % en muertes violentas, se incautaron 129 toneladas de droga, se decomisaron 4.645 armas y 283.612 municiones.
Sin embargo, ni el presidente ni el video oficial mencionaron los 1.876 homicidios intencionales registrados en 2024, es decir, alrededor de 16 asesinatos diarios.
Empleo y Economía: Contrastes y Desafíos
El presidente resaltó la creación de 105 mil plazas de empleo joven, pero según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el empleo pleno disminuyó y el subempleo y el empleo no remunerado aumentó.
Además, el Gobierno enfrenta crecientes obligaciones financieras y una deuda pública que sigue en aumento. Hasta abril del 2024 la cifra era de USD 78.424 millones en pagos pendientes.
La seguridad
Anteriormente, la ministra del Interior, Mónica Palencia, declaró una reducción del 99 % en la delincuencia. No obstante, rectificó la información y aclaró que las muertes violentas disminuyeron en un 28%, una variación abismal.
Respecto a la ejecución presupuestaria, entre enero y abril de 2024 se ejecutó el 25,6% del presupuesto general del Estado, en contraste con el 28,9% del 2023. Los atrasos en pagos alcanzaron los USD 1.586 millones, afectando a proveedores, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los gobiernos seccionales.
