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Ni en Quito, los trabajadores de Explocen fueron respetados por el Gobierno

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Génesis Gómez, redactora.

Quito 28 de dic (La Calle).- Los alrededores del palacio de Gobierno estaban cercados. La Policía Nacional solicitaba identificaciones a quienes buscaban superar los filtros. Entre las calles Benalcázar y Mejía, una larga fila de ciudadanos esperaba para ingresar al edificio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

A pocos metros, los manifestantes de la Unión Popular y de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) exteriorizaban su malestar en la Plaza Grande. Sus consignas eran en apoyo a los trabajadores de Explocen. Los manifestantes, cerca de una decena, tenían maletas en sus espaldas como si recién hubiesen llegado a la Capital. Con banderas rojas expresaban su insatisfacción y enojo por los sucesos del fin de semana en la fábrica ubicada en la provincia de Cotopaxi.

La convocatoria se difundió el pasado 26 de diciembre. La idea era que organizaciones sociales se reunieran en un plantón frente al Ministerio de Gobierno, sin embargo el cerco policial impidió el paso de las personas argumentando que solo podía acercarse una a la Cartera de Estado. Esta delegación debía entregar una solicitud a las autoridades para que se realice la protesta. Edwin Bedoya, delegado de los manifestantes, ingresó al Palacio con la misión de lograr la autorización del plantón.

La marcha se convocó dos días antes

“En el oficio se plantea el retiro de la Policía y se acompaña de un pedido al Ministerio del Interior para que no se agudice la situación en Explocen. Nosotros pedimos que los agentes se retiren de la empresa, porque este es un tema laboral. Alrededor de 160 familias no cobran los sueldos desde hace tres meses”, dijo Bedoya.

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Blanco de abuso policial

Los trabajadores solicitaron la solución inmediata del conflicto que lleva de más de 166 días. “Explocen tiene que enfrentarse a los aparatos de represión. Las leyes están a favor del patronal”, añadió Bedoya.

En Navidad, los huelguistas anunciaron que se registró una incursión militar y policial en la fábrica. Los ciudadanos fueron víctimas de múltiples agresiones físicas, por lo que responsabilizaron al Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El 25 de diciembre, último William Guanoluisa fue retenido y posteriormente liberado, sin embargo se irrespetaron sus derechos humanos. “Las leyes están a favor de los aparatos de represión. Estábamos en una reunión de diálogo social hasta que ingresaron sin previo aviso miembros de las Fuerzas Armadas, acompañados del gerente de la Empresa, de inmediato empezaron las agresiones”, acotó.

La Constitución de la República en el Art. 98 establece: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

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