La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Priscila Schettini y Angélica Porras por violencia política de género hacia la fiscal general Diana Salazar ha reabierto el debate sobre los límites entre justicia y represalia en la política ecuatoriana.
Contexto del caso
El juez electoral Fernando Muñoz resolvió que Diana Salazar fue víctima de violencia política de género. Las señaladas: Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, y Angélica Porras, abogada y activista, integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular.
Ambas realizaron publicaciones en redes sociales en las que acusaban a Salazar de plagio en su tesis de grado y la atacaban con calificativos como “#LadyImpericia”, “copiona”, “inepta” e “incapaz”. La Universidad Central del Ecuador desestimó posteriormente el presunto plagio, aunque admitió errores en las citas académicas.
Argumentos de la sentencia
El TCE determinó que las publicaciones y declaraciones constituían violencia política de género conforme al artículo 280 del Código de la Democracia. Se alegó que los mensajes, además de desacreditar a Salazar como funcionaria, estaban cargados de estereotipos de género y buscaban minar su legitimidad como fiscal.
Las sanciones
- Suspensión de derechos políticos:
- Schettini: 3 años
- Porras: 2 años Durante este período, no podrán postularse, ejercer cargos públicos ni votar.
- Multas:
- Schettini: USD 22.500
- Porras: USD 13.500
- Restricciones adicionales:
- Prohibición de emitir contenido que aluda a la fiscal.
- Eliminación de publicaciones ofensivas.
- Disculpas públicas.
- 40 horas de capacitación contra la violencia política de género.
¿Quién asume sus funciones?
Tanto Schettini como Porras son legisladoras electas por el movimiento Revolución Ciudadana (aunque no oficialmente posesionadas en el pleno). Dada la suspensión de sus derechos políticos, no podrán asumir su curul ni participar en el ejercicio de funciones legislativas. Sus alternos asumirán esas funciones, de acuerdo con el procedimiento parlamentario establecido por la Asamblea Nacional.
¿Sentencia legítima o acción política?
Para algunos sectores, el fallo representa un avance en la protección de las mujeres en la política, marcando un precedente claro contra los ataques basados en estereotipos de género.
Pero para otros, se trata de una respuesta política disfrazada de justicia. El colectivo Acción Jurídica Popular ha sido crítico de Salazar, especialmente tras presentar denuncias por presunto plagio. Para figuras como Angélica Porras, la fiscal usa selectivamente su poder: activa ciertos casos cuando le conviene políticamente y congela otros que afectan a aliados.
Este caso se suma a una lista de episodios que muestran cómo la fiscal general mueve fichas judiciales con cálculo político, un patrón que ha sido denunciado por actores de diversas tendencias.
Documentos y fuentes oficiales
Conclusión: Lo que parecía una sanción jurídica se ha convertido en un caso emblemático del uso del aparato electoral y judicial en un país donde la política y la justicia rara vez caminan por separado.
SENTENCIA DEL TCE: https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/3338a2_SENTENCIA-250-23-170124.pdf?utm_source=chatgpt.com
RECURSOS FGE: https://www.fiscalia.gob.ec/publicacion-de-sentencias/?utm_source=chatgpt.com