Quito, 3 jun (La Calle).- El alcalde Pabel Muñoz cumple dos años al frente del Municipio de Quito, destacando logros como la operación del Metro y la adquisición de trolebuses eléctricos. Sin embargo, su gestión también enfrenta críticas por falta de planificación, transparencia y liderazgo, en medio de un proceso de revocatoria en curso.
En este tiempo ha intentado devolver estabilidad y mostrar resultados tangibles: según el Municipio, ha cumplido el 63% de su plan de trabajo con una inversión superior a USD 1.300 millones. Entre sus hitos más promocionados destacan la puesta en marcha del Metro de Quito y la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para modernizar el transporte. No obstante, la otra cara de la moneda incluye obras cuestionadas, promesas pendientes y hasta un proceso de revocatoria de mandato en curso, impulsado por sectores ciudadanos descontentos.
A continuación, se analiza detalladamente la gestión de Muñoz en áreas clave –movilidad, seguridad, obras públicas, vivienda, cultura y comunicación– señalando avances concretos y decisiones acertadas, pero también falencias, controversias y falta de transparencia que han marcado estos dos años.
Movilidad: Metro en marcha pero integración pendiente
En el ámbito de movilidad, la administración Muñoz logró finalmente inaugurar el Metro de Quito tras varios años de espera. El 1 de diciembre de 2023 inició la operación comercial de la Línea 1, conectando Quitumbe (sur) con El Labrador (norte). Este nuevo sistema de transporte masivo es celebrado como transformacional y ha mejorado la percepción ciudadana al equiparar a Quito con urbes modernas.
La Alcaldía también incorporó 60 trolebuses 100% eléctricos a la flota de transporte municipal, reemplazando unidades obsoletas del Trolebús. Según el concejal Emilio Uzcátegui, hoy se repavimenta el doble de kilómetros de vías que en administraciones anteriores y se entrega “al menos una obra vial diaria” en la ciudad, reflejando una aceleración en el mantenimiento vial.
De hecho, el Municipio reporta que aumentó la rehabilitación de vías de 90 km anuales a 173 km por año, y en 2024 intervino más de 500 parques en distintos barrios. Obras viales de alto impacto, como la rehabilitación total de la avenida Galo Plaza Lasso, se concretaron “después de dos décadas” de deterioro.
No todo es tan bonito…
Expertos señalan que estos avances no han resuelto integralmente los problemas de movilidad. El Metro, si bien emblemático, opera muy por debajo de su capacidad: moviliza apenas unos 145.000 pasajeros diarios, ~36% de lo previsto (400.000). La falta de una integración tarifaria y operacional con el sistema de buses alimentadores limita su uso óptimo –un aspecto que no se ha concretado pese a las promesas.
La concejala Analía Ledesma critica que no existe aún tarifa integrada entre el Metro y los buses, manteniendo sistemas desconectados. Asimismo, el reconocido urbanista Fernando Carrión advierte que Quito padece de “metrodependencia”: se apostó todo al corredor norte-sur del Metro sin desarrollar soluciones complementarias. “Continuar con una visión norte–sur no resuelve los problemas actuales de movilidad”, señala Carrión, quien insta a “urbanizar el Metro” mediante buses transversales y conexiones hacia los valles de Tumbaco y Los Chillos, zonas de rápido crecimiento que siguen desatendidas.
En efecto, proyectos como la tercera fase de la Ruta Viva (conexión hacia el nuevo aeropuerto) o mejoras en la vía perimetral Simón Bolívar continúan pendientes. Incluso la ampliación del Metro hacia el norte (La Ofelia–Calderón) apenas está en estudios preliminares de financiamiento, a la espera de apoyo del Gobierno central y organismos multilaterales.
Muñoz reconoce implícitamente estas deudas.
En una entrevista admitió que “no me quejé todo lo que debí por cómo recibí la ciudad”, sugiriendo que heredó serias falencias en equipos y planificación que han dificultado cumplir todas las metas. Por ejemplo, reveló que al iniciar su mandato encontró maquinaria de la Empresa de Obras Públicas paralizada por falta de repuestos, un problema administrativo que venía de antes y retrasó intervenciones viales.
Aun así, críticos en el Concejo sostienen que a dos años falta una visión más estratégica: “Muchas obras carecen de enfoque territorial y se perciben más como propaganda”, acusa la concejala Ledesma, indicando que se prioriza la cantidad de obras sobre su planificación técnica. Ejemplo de esto es la Av. Patria, que tras una «intervención integral» nuevamente presenta grietas y descuido. Esta apreciación refleja la preocupación de que inaugurar una obra diaria –como proclama el Municipio– puede privilegiar el impacto comunicacional por encima de proyectos estructurales de movilidad de largo plazo.
Seguridad ciudadana: inversión en tecnología pero sensación de inseguridad
En materia de seguridad, el Municipio de Quito bajo Muñoz ha buscado apoyar a la Policía Nacional y reforzar la vigilancia local, aunque los resultados son discretos frente a la creciente delincuencia. Con recursos propios y la Tasa de Seguridad que pagan los capitalinos, se rehabilitaron 104 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en barrios de la ciudad, muchas de las cuales estaban abandonadas.
Además, se invirtieron más de USD 12 millones en equipamiento policial, dotando nuevos vehículos, motocicletas y tecnología a la fuerza pública. En diciembre de 2023, el Cabildo entregó 250 cámaras de videovigilancia al ECU-911 para ampliar la cobertura de monitoreo en puntos críticos.
Paralelamente, en 2024 se lanzó un plan para implementar un Centro Integrado de Monitoreo municipal: con USD 1,1 millones se contratará un sistema que integre cámaras de mercados, parques, transporte y barrios, con analítica de video y alertas en tiempo real. “En Quito tenemos cámaras dispersas que no están integradas ni generan alertas; eso va a cambiar”, explicó la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade. Estas medidas evidencian un cambio hacia la tecnología preventiva y la coordinación con el ECU-911.
No obstante…
La sensación de inseguridad en la ciudadanía sigue siendo alta. Quito, al igual as otras urbes del país, ha visto incrementos en robos y hechos violentos durante este período. Si bien el control del delito recae principalmente en el Gobierno nacional, voces locales exigen mayor protagonismo municipal.
El especialista Marcelo Espinel señala que la administración “no ha logrado generar resultados emblemáticos” en seguridad, y que se requiere una respuesta más activa del Municipio frente a la delincuencia, aunque “no sea competencia directa” de este. Un ejemplo de los límites municipales se vio en mayo de 2023, cuando Muñoz inicialmente rechazó la compra de 200 nuevas cámaras solicitada por concejales, argumentando que el ECU-911 tenía 200 cámaras sin usar que debían aprovecharse antes de invertir más. Esta postura generó debate, si bien luego el Municipio optó por renovar cámaras existentes en sitios estratégicos en vez de adquirir completamente nuevas.
La respuesta institucional
Ante problemas como la acumulación de basura (vinculada también a salud y seguridad barrial) la comunicación del Municipio ha estado bajo escrutinio. Durante 2023-2024 Quito enfrentó una crisis de recolección de residuos por un contrato heredado con el consorcio Recobaq. La actual administración dio por terminado ese contrato en 2025 tras años de incumplimientos y litigios, e implementó un nuevo modelo de mantenimiento de flota con varios proveedores, anunciando un ahorro estimado de USD 6 millones en 2025.
Aunque esa decisión fue aplaudida, dejó ver falencias previas en control y transparencia: Recobaq demandó al Municipio y obtuvo pagos adicionales por sobrecostos, y en Concejo se criticó al gerente de la empresa de aseo por la falta de planificación en la transición, al punto de pedir su renuncia por las deficiencias operativas detectadas (vehículos dañados, falta de telemetría, etc.). Este episodio reflejó problemas de gestión interna y comunicación a la ciudadanía, pues barrios enteros sufrieron intermitencias en la recolección sin una explicación clara hasta que la situación se tornó crítica.
En suma, si bien Muñoz ha destinado más recursos que sus predecesores para apoyar la seguridad (patrulleros, cámaras, UPC), los resultados en reducción del delito no son evidentes y persisten reclamos. La administración defiende que estos dos años han sentado bases –infraestructura, tecnología, coordinación interinstitucional– para mejorar la seguridad, pero la ciudadanía aún espera mayor eficacia en combatir robos y violencia en las calles. La transparencia en el uso de la Tasa de Seguridad también es cuestionada por algunos concejales, quienes demandan que se rinda cuentas de cómo estos fondos están mejorando realmente la protección de los barrios.
Obras públicas: entre la revitalización urbana y cuestionamientos de calidad
La gestión de Muñoz exhibe un intenso programa de obras públicas, tanto a gran escala como de barrio, con el lema de “Quito renace” mediante miles de intervenciones. Además de las obras viales ya mencionadas (Metro, avenidas repavimentadas), se han emprendido proyectos para mejorar el espacio público y servicios básicos. Un ejemplo destacado es el plan “Agua para Calderón”, que busca dotar de agua potable a sectores populares del norte: su primera fase avanzó en un 65% durante este período.
En total se han renovado 36 km de redes de agua potable y extendido redes de alcantarillado en varias parroquias rurales, atacando rezagos de infraestructura básica. En el frente ambiental, el Municipio inició el cierre técnico del relleno sanitario El Inga, planteando un nuevo Complejo Ambiental para reciclar el 60-70% de la basura de la ciudad. Se ampliaron plantas de generación eléctrica con biogás del relleno y se aprobó una estrategia para descontaminar ríos, que incluye construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas obras de servicios públicos, aunque menos visibles, son fundamentales para la sostenibilidad urbana a largo plazo.
En cuanto a espacios urbanos
La Alcaldía emprendió la recuperación de parques, bulevares y aceras. Más de 500 parques fueron intervenidos en 2024 con mejoras de juegos, luminarias y mobiliario. Dos proyectos emblemáticos inaugurados en diciembre de 2024 fueron el Bulevar “Quito Ciudad de Paz” en la av. De los Shyris (donde estaba la antigua tribuna) y el Sendero Seguro de la av. Colón. Estas obras, con inversiones de alrededor de USD 775 mil y USD 1,3 millones respectivamente, transformaron 1,4 km de vía con áreas verdes, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, ciclovías y mejor iluminación.
Vecinos y comerciantes de la zona norte reconocen que ahora esos lugares son más seguros y amigables para el peatón, cuando antes estaban degradados. En palabras de un residente, “antes la Tribuna de los Shyris estaba abandonada y era peligrosa; ahora es un espacio verde más para la ciudad”. Estos proyectos buscan revitalizar la ciudad y rendir homenaje (el bulevar Shyris, por ejemplo, fue dedicado a los periodistas de EL COMERCIO asesinados en 2018).
No obstante…
Varias de estas obras han estado envueltas en polémica por su calidad, costo o prioridad. El bulevar de la av. De los Shyris, anunciado con bombos y platillos en las fiestas de Quito 2024, evidenció fallas estructurales a los dos meses de inaugurado: a fines de febrero de 2025, ciudadanos denunciaron adoquines sueltos, jardines destruidos y desmontaje de estructuras en el sitio. “El bulevar … costó $1 millón y no duró ni 2 meses, vergonzoso”, reclamó un usuario en redes junto a fotos del deterioro prematuro.
Esto obligó al Municipio a reintervenir la obra de emergencia, alimentando críticas de que se hizo “al apuro” por cumplir con una inauguración política en diciembre. En su defensa, las autoridades han dicho que los arreglos están cubiertos por garantía contractual, pero el episodio sembró dudas sobre la fiscalización y planificación de obras.
Otro caso son las adquisiciones estratégicas como la de los trolebuses eléctricos:
El Municipio compró 60 unidades a la empresa china Yutong a través de la oficina UNOPS de la ONU, para evitar una licitación local. Si bien las autoridades aseguran que se siguió la normativa, el organismo nacional de contratación pública (Sercop) halló presuntas irregularidades en ese modelo contractual.
Concejales como Michael Aulestia denunciaron un posible sobreprecio: según la oferta de Yutong, cada trolebús costaba USD ~496.000, pero mediante UNOPS el Cabildo habría pagado alrededor de USD 100.000 más por unidad. Es decir, el contrato total de USD 35,3 millones pudo encarecerse cerca de un 20% por costos de intermediación.
Además, Sercop cuestionó la legalidad de usar un convenio internacional cuando el 99% de los fondos fueron municipales, lo que debió regirse por la Ley de Contratación Pública local. La Contraloría General inició un examen especial de esta compra, y aunque la Empresa de Pasajeros defiende el procedimiento alegando transparencia, la falta de respuestas claras a pedidos de información de los concejales alimentó la suspicacia. Este incidente toca el tema de transparencia y posible elusión de controles, un punto sensible en la administración.
Los problemas de baja ejecución presupuestaria también han plagado a ciertas dependencias municipales encargadas de obras.
En los primeros cuatro meses de 2025, las más de 60 entidades municipales apenas invirtieron USD 134 millones de los 776 millones presupuestados para obras (17,3%), cuando lo esperable sería un avance mayor. Peor aún, 5 de las 10 Administraciones Zonales registraron menos del 1% de ejecución (algunas prácticamente 0%) en sus proyectos barriales hasta abril.
Esta parálisis llevó al alcalde Muñoz a tomar una decisión drástica en mayo de 2025: pidió la renuncia de los 10 administradores zonales para “oxigenar” la gestión territorial. “He pedido la renuncia de todos… ya veremos quiénes se quedan según el trabajo hecho”, anunció, reconociendo implícitamente que la burocracia barrial no estaba respondiendo. Concejales como Analía Ledesma calificaron la situación de “triste y grave”, pues la inacción de las zonales afecta directamente a los vecinos.
Otros, como Andrés Campaña, exigieron ceses inmediatos: “Quito no puede seguir esperando a funcionarios que no cumplen”. Tras esta sacudida, se espera que nuevos perfiles más dinámicos ocupen esas administraciones para acelerar obras en barrios y parroquias rurales, donde muchas promesas locales seguían incumplidas.
Desarrollo social y vivienda: avances discretos y promesas por cumplir
En el campo social y de vivienda, la administración Muñoz ha tenido logros puntuales, aunque sin grandes transformaciones hasta ahora. Uno de los aciertos más mencionados es la apuesta por la primera infancia: Quito destinó USD 65 millones a programas para niños de 0 a 5 años, liderando a nivel nacional en este ámbito. Se han inaugurado 3 nuevos centros “Quito Wawa” de cuidado infantil (con estándares considerados “de lujo”) y están en ejecución 3 más.
Estos centros brindan atención integral a cientos de niñas y niños, apoyando a madres trabajadoras en zonas vulnerables. También se reactivó la red de Casas Somos –espacios comunitarios de capacitación y recreación– que atendieron a 300.000 usuarios en dos años. Además, 11 casas comunales fueron rehabilitadas en barrios, devolviéndoles su utilidad para reuniones y actividades locales.
A través del Patronato San José (entidad municipal de ayuda social), se invirtieron USD 32 millones en programas sociales, beneficiando a miles de personas en situación de vulnerabilidad (adultos mayores, personas sin hogar, adicciones, etc.). En educación, aunque es competencia nacional, el Municipio contribuyó con la dotación de 19.000 libros a estudiantes y mejoras en 11 bibliotecas municipales.
Sobre vivienda, uno de los focos ha sido la regularización de asentamientos informales. En estos dos años se entregaron 3.684 títulos de propiedad a familias que vivían en barrios de hecho, consolidando su seguridad jurídica sobre sus terrenos. Este proceso de legalización es vital para barrios periféricos que por décadas carecieron de escrituras.
Sin embargo…
Más allá de la titulación, no se han materializado grandes proyectos de vivienda social nueva. La Secretaría de Hábitat y Vivienda muestra un bajo desempeño presupuestario (menos del 10% de ejecución a inicios de 2025), lo que indica lentitud en programas habitacionales.
Muñoz ofreció en campaña impulsar soluciones al déficit de vivienda asequible…
Pero hasta junio de 2025 no se reportan proyectos significativos de construcción de casas o departamentos populares. Esto ha sido notado por concejales y ciudadanos, considerando la urgencia de viviendas dignas para miles de familias en Quito.
La expectativa es que en la segunda mitad de su gestión, con equipos renovados, se aceleren iniciativas de vivienda social, quizá aprovechando suelo municipal o convenios público-privados. Por ahora, el saldo en vivienda es modesto, limitado a la regularización y algunos incentivos tributarios (como exoneraciones de tasas para mejoras habitacionales menores).
Cultura y arte: impulso a eventos masivos y defensa de la libertad creativa
En el ámbito cultural, la Alcaldía de Pabel Muñoz ha dado continuidad y realce a los eventos tradicionales de la ciudad, aunque no exenta de polémicas. Durante estos dos años se revitalizaron las Fiestas de Quito (cada diciembre) con una variada agenda de conciertos, festivales y actos barriales. El Municipio reporta que más de 400.000 personas participaron en las Fiestas de Quito 2024, que se extendieron del 20 de noviembre al 8 de diciembre de ese año.
Se organizaron eventos multitudinarios con artistas locales e internacionales; por ejemplo, se trajo al reconocido cantante de flamenco Diego El Cigala para un homenaje cultural, y se fortalecieron festivales como el Quitofest (música alternativa) y el Festival de la Luz. Estos esfuerzos apuntan a reactivar la cultura urbana y el orgullo capitalino, tras años en que la pandemia y la inestabilidad política opacaron las celebraciones.
Además, impulsaron eventos culturales como la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) y la Fiesta Escénica de Quito, buscando posicionar a la ciudad como un epicentro cultural. La FILQ 2024, organizada por la Secretaría de Cultura del Municipio, contó con más de 300 actividades y una asistencia de aproximadamente 60,000 personas.
Sin embargo…
La gestión cultural ha enfrentado críticas por la falta de planificación y transparencia en la asignación de recursos. Por ejemplo, la FILQ 2024 fue objeto de cuestionamientos debido a denuncias de nepotismo y amiguismo en la selección de invitados y curaduría del evento. Escritores como Edwin Madrid señalaron que la feria parecía estar organizada por una camarilla que se aprovecha de su realización.
Además, se ha señalado la ausencia de una política pública clara de fomento a la lectura y la falta de inclusión de sectores como el sur de Quito y las zonas rurales en las actividades culturales. Críticos argumentan que, a pesar de la alta asistencia, la feria no logró democratizar el acceso a la lectura ni fortalecer una red de bibliotecas municipales.
Bajo Muñoz también se ha buscado democratizar la cultura llevando eventos a distintos sectores.
Se han organizado ferias, festivales de cine al aire libre, festividades barriales y apoyado iniciativas como “Quito, Capital del Orgullo” (festival LGBTI) y otros encuentros interculturales, alineados con el eje de ciudad intercultural del Acuerdo Quito 2034 firmado por esta Alcaldía.
Artistas locales han recibido espacios en la programación municipal y algunos fondos concursables se reactivaron tras años de recortes. No obstante, hay críticas de que la inversión en cultura sigue siendo baja en términos presupuestarios, y de que proyectos como nuevas casas de la cultura o museos no han avanzado.
También generó debate la decisión de eliminar la icónica “Tribuna de los Shyris” (estructura usada históricamente para desfiles), reemplazándola por el bulevar; algunos historiadores y vecinos cuestionaron la falta de consulta sobre ese cambio urbano. A pesar de ello, Muñoz parece haber logrado mantener un equilibrio entre promover actividades culturales masivas y respetar la diversidad de expresiones, sin mayores conflictos con la comunidad artística salvo el episodio mencionado.
Comunicación y transparencia: luces y sombras en la relación con la ciudadanía
La comunicación institucional de la Alcaldía de Quito ha sido activa pero percibida como insuficiente en ciertos momentos clave. Pabel Muñoz instauró un estilo de contacto frecuente con la ciudadanía a través de informes semanales (transmitidos por redes sociales y medios municipales), donde presenta las obras entregadas y las acciones emprendidas.
Muñoz ha apostado por una estrategia comunicacional centrada en la promoción de sus logros, utilizando eslóganes como “Quito renace” y “La ciudad más linda del mundo”. Eventos como “Quito, 2 años de obras” han sido ampliamente difundidos en medios oficiales y redes sociales, buscando reforzar la imagen de una gestión eficiente y cercana a la ciudadanía.
Sin embargo…
Esta estrategia ha enfrentado críticas por parte de diversos sectores que cuestionan la transparencia y el enfoque de la comunicación institucional. El evento «Pacto Quito», por ejemplo, fue objeto de señalamientos debido a la falta de claridad en su propósito y a la percepción de que se trató más de una actividad propagandística que de un espacio de diálogo ciudadano. Además, se ha señalado que la cobertura de estos eventos en medios municipales ha sido unilateral, sin incluir voces críticas o disidentes.
Expertos en comunicación política han advertido sobre los riesgos de una estrategia centrada exclusivamente en la promoción de logros, sin espacio para la autocrítica o el debate público. Según el analista Juan Pérez, “una comunicación institucional efectiva debe ser bidireccional, permitiendo la retroalimentación ciudadana y abordando tanto los aciertos como los desafíos de la gestión”.
Por otro lado, el Municipio ha potenciado la plataforma Quito Informa
Esta plataforma está para difundir noticias positivas de la gestión, con un tono muy proactivo. De hecho, gran parte de la población conoce las cifras de “obras por día” y otros logros a través de estos boletines oficiales. Sin embargo, analistas apuntan a una falta de comunicación más transparente y bidireccional en temas sensibles. Por ejemplo, cuando se produjeron fallas en el recién inaugurado Metro (demoras, adaptación al sistema de apertura manual de puertas, largas filas en horas pico), la Alcaldía tardó en reconocer los inconvenientes públicamente y explicar las soluciones.
Situaciones similares ocurrieron con el problema de la basura: la administración se centró en atacar políticamente a gestiones pasadas por el contrato deficiente, pero fue menos ágil en informar a la gente qué se estaba haciendo de inmediato para recoger los desechos acumulados en las calles.
En términos de transparencia…
si bien no ha estallado ningún escándalo grave de corrupción imputable a Muñoz, sí hay cuestionamientos sobre ciertos procesos. La contratación de los trolebuses vía UNOPS, ya comentada, fue percibida por concejales opositores como una forma de evadir la licitación pública nacional. La Contraloría General del Estado sancionó al alcalde en 2024 por una infracción electoral considerada grave (realizar supuesta campaña política con recursos municipales), lo que fue un revés en la imagen de su administración.
Aunque Muñoz acató la sanción y la situación no escaló a su destitución, este hecho alimentó el discurso de sus detractores, que lo acusan de usar la Alcaldía con fines proselitistas. Organizaciones de control ciudadano han pedido más rendición de cuentas: por ejemplo, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sugirió fortalecer la difusión de datos abiertos sobre contratos y presupuesto para despejar dudas y mejorar la confianza.
Pabel Muñoz enfrenta un desafío político comunicacional singular
Un sector de la ciudadanía está impulsando un proceso de revocatoria de mandato en su contra. Este esfuerzo, liderado por el activista Néstor Marroquín, surgió a fines de 2023 y ha cobrado fuerza durante 2024. Para octubre de 2025 los promotores esperan reunir las 206.000 firmas necesarias para llamar a las urnas.
¿Las razones? Oficialmente argumentan incumplimiento de funciones (se lo acusa de hacer proselitismo político), pero en el fondo es un voto de desaprobación a su gestión. “El descontento es evidente: falta capacidad de administración, obras mal hechas y contratos cuestionables”, resume Marroquín, el líder de la revocatoria.
Esta iniciativa, inédita en Quito en décadas recientes, refleja que Muñoz no ha logrado comunicar ni convencer a una parte importante de la ciudadanía sobre el rumbo de la ciudad. Sus seguidores, sin embargo, han salido a respaldarlo; el 3 de junio de 2025, cientos marcharon por la Amazonas proclamando “Quito tiene alcalde” y acusando a grupos de poder de querer desestabilizar.
La celebración
Muñoz, en ese acto, cuya organización y ejecución costó aproximadamente 30 mil dólares, enfatizó que entregará 3.000 obras al final de su administración y desafió a sus opositores diciendo “que lloren los que no quieren ver a Quito grande, porque seguiremos haciendo obra”. Este pulso retórico muestra a un alcalde confiado en sus realizaciones, pero que quizás no ha tendido suficientes puentes de diálogo con los sectores críticos.
Incluso desde aliados se le recomienda ajustar su comunicación. Concejales cercanos han sugerido “refrescar el equipo” de la Alcaldía y mejorar el diálogo con la ciudadanía y la rendición de cuentas. La idea es que, más allá de publicitar lo hecho, Muñoz debe escuchar activamente las necesidades no satisfechas y reconocer errores para recuperar credibilidad. Su reciente admisión de que debió haber visibilizado más el desastre institucional que heredó es un paso en esa dirección.
El reto a futuro será proyectar una segunda mitad de mandato enfocada en resultados por encima de discursos, como apuntó un análisis de Primicias. En palabras de Espinel, “cambiar de alcalde a mitad del camino solo generaría una administración interina sin margen para corregir el rumbo”, por lo que el destino de Quito depende de que Muñoz logre corregir las falencias y reconquistar la confianza ciudadana.
Un balance crítico y la hoja de ruta hacia 2025
Tras dos años, el balance de la gestión de Pabel Muñoz en Quito es mixto. Por un lado, hay avances tangibles: la ciudad cuenta por fin con un Metro operativo, flota eléctrica nueva, vías y parques remozados, más apoyo a la Policía, y programas sociales fortalecidos. Se ha recuperado en algo la estabilidad municipal que tanto faltó en años anteriores, con un presupuesto ejecutado del 82% en 2024 (frente a 75% en 2023), indicador de mayor eficacia administrativa. Muñoz ha demostrado capacidad para ejecutar obra pública a ritmo acelerado y para concebir planes de largo plazo como el Acuerdo Quito 2034, que fija ejes estratégicos en combate a la pobreza, seguridad y sostenibilidad ambiental.
Por otro lado…
Persisten deudas importantes. La falta de planificación integral se evidencia en movilidad (sin integración de transportes, proyectos viales rezagados), en desarrollo urbano (crecimiento de suburbios no atendido) y en vivienda (poco avance en soluciones habitacionales). La gestión ha estado marcada por una excesiva confianza en la propaganda de “obras diarias”, descuidando a veces la calidad y pertinencia de esas obras –como lo demuestran casos como el bulevar Shyris en mal estado a semanas de inaugurado.
En cuanto a transparencia, si bien no hay acusaciones directas de corrupción contra el alcalde, la sombra de posibles sobreprecios y manejos poco ortodoxos en contrataciones (trolebuses, entre otros) ha generado ruido y merece ser aclarada a plenitud. La comunicación municipal, muy efectiva para publicitar logros, pero deficiente en otros aspectos importantes de transparencia ciudadana, debe ahora enfocarse en rendir cuentas claras y en involucrar más a la ciudadanía en las decisiones, para disipar esa percepción de distancia que alimenta iniciativas como la revocatoria.
En resumen, Pabel Muñoz llega a la mitad de su mandato con luces y sombras. Ha tenido aciertos en estabilizar y reactivar Quito tras el desgobierno previo, pero también desaciertos en prometer más de lo cumplido y en subestimar la frustración ciudadana en ciertos temas. Los próximos dos años serán definitivos: o consolida los 3.000 “abrazos de esperanza” –como él llama a sus obras– con verdaderos cambios estructurales, o el desencanto podría opacar sus logros y dar paso a otro periodo de incertidumbre política en la capital.
En palabras del propio Muñoz: “me entrego cotidianamente para trabajar por ustedes, para que mejore la calidad de vida de todos los quiteños”. La ciudadanía estará vigilante de que ese compromiso se traduzca en resultados palpables, más allá de los anuncios, en un Quito que exige eficacia, honestidad y visión de futuro.