Quito, 18 oct (La Calle).- Leonidas Iza y Marlon Vargas presentaron una demanda de inconstitucionalidad frente al Decreto Ejecutivo 95 referente a la minería y al extractivismo.
Grupos Waoranis, Cofanes, Secoyas y Kwichuas se reunieron en el parque El Arbolito y se dirigieron hacia la Corte Constitucional. Con cantos y danzas se movilizaron por la avenida 12 de octubre para entregar la demanda dirigida a Guillermo Lasso por la aprobación de los decretos 95 y 151.
Marlón Vargas expresó que participó de una reunión de consejo ampliado en Tiputini –Aguarico, Orellana. En dicho consejo se determinó que el diálogo con el gobierno se dará, siempre y cuando, se legitimen los pedidos de los pueblos amazónicos afectados por la extracción petrolera.
Los pedidos son: remediación inmediata y absoluta de los pueblos afectados por los derrames petroleros de hace 50 años, así también tendrán que revisarse los contratos extractivistas en la amazonia norte. Finalmente, añadió que el Presidente debe derogar los decretos 95 y 151 para entablar diálogo.
De no existir respuesta de parte del gobierno los pueblos y nacionalidades amazónicos se niegan al diálogo y llamarán a movilizaciones en la región amazónica del país.
¿Qué sucede en la Amazonia?
La demanda se presenta ya que los indígenas amazónicos se muestran inconformes debido a que el decreto se emitió sin consulta previa libre, informada y vinculante.
El decreto 95 expresa lo siguiente: expedir la Política de Hidrocarburos a través del Plan de Acción Inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífero para los próximos cien días a partir de la expedición de este Decreto Ejecutivo.
Según indicaron los líderes amazónicos esta política afecta directamente a sus territorios, además brinda libre entrada a que empresas extranjeras para que exploten el petróleo y afecten a la bioversidad de la Amazonia
Nuevas demandas contra el presidente
Durante la rueda de prensa, Leonidas Iza ratificó su apoyo a la lucha de los pueblos y naciones amazónicos. Mencionó que desde la Conaie se están preparando recursos técnicos y jurídicos para presentar la demanda de inconstitucionalidad de los decretos 165 y 122, que permiten el regreso del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
