Quito, 13 oct (La Calle).– El problema carcelario y la negligencia contra las personas privadas de la libertad (ppl) es una constante en el gobierno de Lenín Moreno. En casi un año, el mandatario tuvo que expedir tres decretos sobre Estado de excepción en el sistema penitenciario. En esta ocasión, renovó por 30 días el estado de excepción, informó la Secretaría de Comunicación del Gobierno.
Renovar el estado de excepción por conmoción interna en todos los centros de privación de libertad, que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional”, dice el decreto firmado por Moreno el 10 de octubre y difundido por la secretaría de Comunicación el lunes.
En agosto, Lenín Moreno decretó el Estado de excepción en todos los centros de reclusión social. A decir del Ejecutivo, esta declaración responde a las circunstancias de violencia acaecidas en los últimos días. El mandatario, vía Twitter, comentó que las Fuerzas Armadas coadyuvaran “al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios”. Esta tardía respuesta del Ejecutivo se suma a los pocos decretos enfocados al control de las cárceles del país.
No existe control carcelario
Pese a que desde la aplicación del estado de excepción se realizaron un total de 52 operativos, se registraron 4 muertes violentas hasta el 5 de octubre.
En el último decreto se dispone la movilización hacia los centros de privación de libertad del SNAI, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
La Policía refuerza el control interno en coordinación con el SNAI, así como la seguridad perimetral e intervendrá en situaciones flagrantes dentro de los penales.
El estado de excepción implica, entre otras cosas, la movilización hacia los centros de privación de libertad de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, control de armas en la seguridad perimetral de los centros penitenciarios, en las vías y las zonas de influencias de estas.
Finalmente, el Gobierno Nacional no ha incidido en la crisis penitenciaria que, cada día, se torna más compleja.
