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Quito, 12 ago (La Calle).- El problema carcelario y la negligencia contra las personas privadas de la libertad (ppl) es una constante en el gobierno de Lenín Moreno. Solo en poco más de un año, el mandatario tuvo que expedir dos decretos sobre Estado de excepción en el sistema penitenciario.

El 11 de agosto del 2020, Lenín Moreno, Presidente Constitucional de la República, decretó el Estado de excepción en todos los centros de reclusión social. A decir del Ejecutivo, esta declaración responde a las circunstancias de violencia acaecidas en los últimos días. El mandatario, vía Twitter, comentó que las Fuerzas Armadas coadyuvaran “al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios”. Esta tardía respuesta del Ejecutivo se suma a los pocos decretos enfocados al control de las cárceles del país.

Crímenes en las cárceles

El pasado sábado 8 de agosto, en la Penitenciaria del Litoral, se consumó el asesinato de Shy Dahan, ciudadano detenido para investigaciones relacionadas con la familia Bucaram. Hace menos de un mes, el lunes de 3 de agosto, en la misma cárcel, se registró un enfrentamiento que dejó un saldo de once víctimas mortales.

La violencia en los centros penitenciarios se suma al hacinamiento y la falta de garantías que padecen los privados de la libertad. En el marco de la pandemia, una sobreocupación del 30% en las cárceles es un motivo que agudiza la crisis penitenciaria.

En relación con esta crítica situación, el Ejecutivo ha respondido con la reciente declaratoria del Estado de excepción y, el 26 de junio del 2020, con el indulto presidencial para “personas privadas de la libertad que han cumplido con los requisitos reglamentarios correspondientes y que pertenecen a los grupos de atención prioritaria con doble vulnerabilidad”. La última ocasión en que se declaró Estado de excepción en las cárceles del país fue el 16 de mayo de 2019. Salvo esas acciones, el Gobierno Nacional no ha incidido en la crisis penitenciaria que, cada día, se torna más compleja. (JBS)

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