Quito, 18 abr (La Calle).- David Villamar, economista y matemático, realizó un análisis de la “Ley Humanitaria” enviada a la Asamblea Nacional, el pasado 16 de abril. Él la denomina “Ley Vaca”. La razón es simple: “mientras el gobierno atendió cariñosa y diligentemente a los tenedores de la deuda, pagando USD 320 millones, a los demás nos piden que hagamos vaca para atender la crisis”, asegura.
Desde su perspectiva, esta ley representa las ambiciones de los grupos de poder. Sostiene esta idea con una serie de hechos que inician en marzo de este año.
Señala que, antes del primer fallecimiento por coronavirus, el 12 de marzo, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, propone una lista de ideas económicas. Esta lista incluye: “flexibilización laboral, reforma tributaria, eliminación de subsidios, reducción de gasto público, liberalización comercial, desregulación financiera y una solución a la seguridad social”.
Pero ¿qué significa esto? Villamar detalla que ciertas medidas implican beneficios para los grupos de poder, por ejemplo: “que despedir trabajadores sea más barato, eliminar impuesto de divisas, bajar el impuesto a la renta, quitar aranceles y que los bancos se autorregulen”. Las restantes, perjudican a las mayorías: “privatización de la seguridad social, subir el IVA y eliminar los subsidios a los combustibles”. Es decir, la clase media y baja resulta perdiendo sí o sí.
Continúa Villamar: “el 16 de marzo, con un panorama más oscuro en cuanto a la emergencia por Covid-19 “un frente de economistas voceros de los grupos de poder”. Las propuestas de estos economistas coinciden con extraña exactitud con las del presidente de la CCQ.
Finalmente, el 11 de abril Patricio Alarcón vuelve a mencionar sus recomendaciones, exactamente las mismas que hizo el 12 de marzo.
David Villamar encuentra otras coincidencias: Alberto Dahik, vicepresidente en el mandato de Sixto Durán Ballén, quien llevó a cabo la desregulación financiera y privatización de activos del estado, en mayo de 2019, “cuando no existía el coronavirus, el precio del petróleo no estaba bajo y la economía no estaba paralizada”, propone las mismas medidas económicas:
“Una serie de distorsiones que todavía se tiene que corregir, una de ellas la flexibilidad laboral, la verdadera simplificación y apertura del comercio exterior, eliminación del 5% de impuesto a la salida de capitales, la solución al problema de la seguridad social”
El análisis de Villamar hace este recorrido para, finalmente, recordar que estas fueron “las mismas propuestas del 2003 y 2004, en el gobierno de Lucio Gutiérrez y que, a mediados de los 90, con Dahik como vicepresidente, se ejecutaron en el país”.
“Las herramientas económicas deben variar dependiendo de las circunstancias”, reflexiona. Es decir, no es lógico recomendar y aplicar las mismas medidas en momentos tan diferentes de la historia ecuatoriana, menos en medio de una pandemia. “¿Le confiarían ustedes su salud a un médico que, sin importar los síntomas que tengan, les recete siempre lo mismo?”, cuestiona.
Lo que expresa la ley enviada no es la aplicación de una política económica, desde su punto de vista, “si un grupo impone siempre la misma receta, sin importar la situación real del país, eso se llama agenda de intereses económicos”.
