Quito, 15 feb (La Calle).– La moción de crear una comisión que investigue los presuntos nexos con paraísos fiscales que mantiene Santiago Guarderas, alcalde de Quito, presentada por el concejal Luis Reina, fue negada por el Concejo Metropolitano.
La moción obtuvo 11 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones. Entre los 11 que negaron la moción se encontraban concejales como Brith Vaca, Bernardo Abad, Luz Elena Coloma y además el mismo alcalde, Santiago Guarderas.
Abad señaló que ‘crear una comisión de la verdad que investigue los vínculos del alcalde con empresas offshore no es factible’. A estas declaraciones se sumaron las del alcalde. Guarderas manifestó que organismos como la Fiscalía y la Contraloría deberían investigarlo, ‘no el concejo metropolitano’.
La empresa de Guarderas: Coppa y Pi S.A
El nombre del alcalde que reemplazó a Jorge Yunda, figuraría en los accionistas de una empresa domiciliada en Panamá. Esta misma empresa guarda relación con la inmobiliaria a cargo del proyecto «Urkupamba». Cabe recordar que desde la consulta popular del 2017, ningún funcionario público puede poseer algún tipo de empresa en paraísos fiscales.
La empresa extranjera Quevedo Ponce Incorporated es la principal accionista de la inmobiliaria Coppa y Pi S.A. perteneciente a Santiago Guarderas. Esta, lleva funcionando desde 1996 y en 2010 estos datos se difundieron. Guarderas, junto con su hermano aún aparecen en los datos tributarios públicos de su empresa. Versión contraria a la que expresó el alcalde donde estipulaba que se desprendió de ella antes de ejercer cargo público.
Un dato llamativo es que Guarderas poseía un estudio jurídico Quevedo y Ponce ubicado precisamente en la misma dirección que la empresa extranjera Quevedo Ponce Incoporated: Av. 12 de octubre y Lincoln. El estudio fue develado en como un intermediario de empresas offshore. El consorcio internacional de periodistas a cargo del caso Pandora Papers reveló este dato en 2016.
