Quito 20 feb (La Calle).- La controversia en torno a la restitución de la vicepresidenta Verónica Abad ha escalado a un nuevo nivel, luego de que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, solicitara al Pleno del Consejo de la Judicatura la suspensión de la jueza Nubia Vera. La magistrada había concedido una acción de protección que dejó sin efecto la sanción administrativa contra Abad y ordenó su reincorporación al cargo.
Según Núñez, la jueza Vera incurrió en irregularidades graves durante el proceso, modificando su sentencia en al menos cuatro ocasiones y emitiendo disposiciones que exceden su competencia. La ministra argumenta que, además de ordenar la restitución de Abad, la jueza ha incluido disposiciones adicionales que afectan a otras instituciones del Estado.
Cuestionamientos a la actuación de la jueza Vera
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la polémica sobre las placas conmemorativas que, según Núñez, la jueza ha ordenado colocar en la sede del Ministerio del Trabajo. «Hemos cumplido con lo solicitado, pero la jueza ha cambiado las condiciones en varias ocasiones. Primero, pidió una placa con medidas específicas; luego, otra que denominó ‘placa transparente’, que no cumplía con el objetivo. Ahora exige una de bronce con letras negras y dimensiones precisas», explicó la ministra para Radio Centro.
Núñez calificó esta situación como «un gasto innecesario» y cuestionó que una sentencia judicial incluya exigencias de esta naturaleza. «Las placas no son providencias judiciales. No sé si nos escuchó la jueza, pero en ningún momento se cumplió el propósito de las mismas», agregó.
La ministra también señaló que la jueza Vera habría incluido en la sentencia a instituciones que no eran parte procesal en el caso. «En su fallo, ella ha involucrado a la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es una extralimitación de funciones que no puede pasarse por alto», afirmó.
Además, Núñez denunció que la jueza se negó a reprogramar una audiencia de seguimiento solicitada por el Ministerio del Trabajo debido a conflictos de agenda. «Yo tenía dos audiencias ese día y pedí un cambio de fecha, pero la jueza lo rechazó sin mayor fundamento. Sin embargo, cuando la otra parte procesal solicitó postergar audiencias, sí se les concedió», explicó.
Defensa de la jueza y acusaciones de injerencia política
Por su parte, Washington Andrade, abogado de la jueza Vera, calificó la solicitud de suspensión como «un intento de interferencia en la independencia judicial». Según el jurista, la intención del gobierno es apartar a la jueza del caso de Abad e impedir la ejecución de la sentencia que dispone su restitución.
«La medida busca separar a la jueza del conocimiento de la causa e impedir la ejecución de la sentencia que restituye a la vicepresidenta Verónica Abad en su cargo, así como otras medidas de reparación integral», denunció Andrade.
El abogado también cuestionó la forma en que se ha manejado el expediente en el Consejo de la Judicatura. «El documento fue entregado el 19 de febrero por funcionarios encargados, con una secretaria AD-HOC y el coordinador de control disciplinario, quien es subalterno de Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Es evidente que hay una intención de afectar la independencia judicial», sostuvo.
Además, Andrade hizo un llamado a los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura para que rechacen la solicitud de suspensión. «Los vocales tienen una responsabilidad histórica para defender la independencia de la justicia y su transparencia. No deben cohonestar ni ser cómplices de este tipo de manejos e intromisión en las facultades de un juez. Deberían oponerse y bloquear cualquier persecución con firmes decisiones políticas», enfatizó.