Por: Ramiro Aguilar Torres

Cuando se habla de los medios públicos que acaban de cerrar, hay que hacer una diferencia importante. Unos fueron públicos en su esencia, esto es, aquellos que correspondían a la necesidad que tiene todo Estado de poseer medios de comunicación para difundir de manera democrática y masiva contenidos de interés nacional. Otros, fueron los medios de comunicación incautados por el Estado desde 1999.

Hagamos un poco de memoria.

Antes de 1999 muchos medios de comunicación: canales de televisión, radios y periódicos, eran de propiedad de banqueros. Cuando quebraron los bancos, los medios de comunicación de propiedad de los banqueros quebrados, pasaron a manos del Estado para tratar de cubrir el hueco patrimonial que dejó cada entidad financiera.

No obstante, eso no pasó. A los medios públicos se sumaron entonces los medios incautados y se formó una especie de frente comunicacional del gobierno, que, con el tiempo y las aguas, se agruparon en un solo paquete llamado medios públicos.  Lo que no se pudo vender a tiempo, o no se quiso vender, con los años se convirtió en una carga pesada.  Estos días han sido despedidos cientos de empleados de los medios públicos entre personal administrativo, periodistas, camarógrafos, utileros, choferes, etc. 

No era necesario hacerlo de esta manera. Vender los medios incautados habría sido la mejor opción. Obviamente en un país de códigos, en un país decente. La otra alternativa era despedir pagando las indemnizaciones correspondientes a la antigüedad de cada trabajador. Pero no se hizo así. Había que liberar las frecuencias porque eso es lo que vale. Todo lo demás, es un pasivo que a nadie le interesa comprar, incluidas las contingencias laborales y tributarias.

En cuanto a los medios públicos propiamente dichos, su existencia está absolutamente justificada. El Estado debe patrocinar, en el sentido de auspiciar y financiar, la difusión de la cultura; contenido y entretenimiento de alto nivel, prescindiendo de lo comercial. Desaparecerlos es una regresión absoluta. Es renunciar a cumplir con el deber que tiene el Estado de educar; difundir cultura; y promover el conocimiento. Es claudicar en aras de los intereses bancarios y empresariales que, veinte años después, han resucitado para contaminar con su sesgo informativo a la opinión pública. Han vuelto para enfermar la democracia; encubrir la corrupción; y, para hacerlo, necesitan frecuencias.

En lo personal, creo que los medios públicos, esto es un canal de TV, una radio nacional y una agencia de noticias deben volver a operar en cuanto esta enfermedad de la democracia que es el gobierno de Lenin Moreno termine. Sin embargo, para que el proyecto de medios de comunicación públicos reviva, es necesario hacer una profunda autocrítica: los medios públicos no debieron ser usados jamás para difundir la obra del gobierno ni su ideología. Tampoco debieron usarse para agredir a los opositores políticos. 

Hay una interesante discusión de si el periodismo debe ser militante u objetivo. Dudo mucho que haya en el mundo un periodista objetivo, ajeno en su actividad profesional a su forma de pensar, su cosmovisión, su ideología e incluso sus creencias religiosas. Por lo tanto, en mi opinión, más que la objetividad, debe buscarse calidad, veracidad y especialidad en los contenidos.  En este contexto, los medios públicos son una gran herramienta democrática que permite a la sociedad acceder a aquella información que los medios de comunicación corporativos pueden sesgar dados los intereses de sus dueños o auspiciantes. 

En este gobierno se ha comprado la complicidad de la prensa corporativa frente a la corrupción y la represión con frecuencias y pauta oficial. Y al silenciarse los medios públicos, la consecuencia es que queda la vía libre para que una sola voz pueda manipular a su antojo a la opinión pública. Por cierto, esta voz de los medios corporativos, es la voz de la banca y de los políticos corruptos. 

Es verdad que los medios digitales se mantienen militantes; pero también es verdad que no se han masificado; y, por ende, su grado de penetración en la opinión pública es menor.

Defender los medios públicos, es defender la democracia.

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